Nueve razones para oponerse a la constituyente educativa

1. No es constituyente. La denominada constituyente educativa se hace invocando la convocatoria a una constituyente que no respeta el propio mandato de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde expresamente se establece que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo y la ejerce directamente (Art. 5).

2. No es educativa. Parte de una imposición y no de la voluntad de a quienes se consulta. La educación debe promover el libre pensamiento y el discernimiento. Una iniciativa como la propuesta viola el derecho a una educación democrática abierta a las diferentes corrientes del pensamiento, principio establecido en el artículo 102 de la Constitución.

3. No es conveniente. Porque, tal como lo ha expresado la Fiscal General de la República, “Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente, ni conveniente, llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución“.

4. No promueve el diálogo. La consulta enviada a los centros educativos define al sector de la población que no apoya al gobierno con adjetivándolo como “violento”, “la derecha”. Carece de toda credibilidad un llamado al diálogo partiendo de la descalificación y criminalización del otro. Coincidimos con la Fiscal al afirmar: “Lo expuesto, en lugar de generar equilibrios o propiciar un clima de paz, estimo que aceleraría la crisis”

5. No respeta a las escuelas. Propicia que la confrontación, la tensión existente en las calles del país, se reproduzca al interior de los centros educativos. Se promueve una iniciativa del partido de gobierno utilizando los recursos de la plataforma del sistema educativo con un corte proselitista desde la convocatoria del mismo violando lo establecido en la Ley Orgánica de Educación.

6. No es coherente. Desde que se iniciaron las protestas de calle convocadas por la oposición, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ha girado instrucciones a las zonas educativas y se ha profundizado la supervisión de los centros educativos amenazando con sanciones a los centros educativos que suspendan clases o permitan la participación de estudiantes en protestas, dentro o fuera del plantel, argumentando que la ley lo prohíbe. ¿Es que una consulta de carácter obligatorio, como la que han promovido en las escuelas, no tiene un franco carácter político? Cabe recordar el Artículo 10 de la LOE que taxativamente prohíbe la realización de proselitismo partidista o propaganda política.

7. No es un camino para la paz. Aun cuando el gobierno expresa que esa es su principal motivación, coincidimos con la apreciación del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana: “…el único camino para el diálogo y la paz es la consulta al pueblo sobre si quiere o no esta propuesta presidencial. Hablo de una consulta universal, con voto directo y secreto, tal como lo prevé nuestra Constitución Nacional, en base al principio de “una persona, un voto”. El pueblo es el verdadero sujeto social de la democracia. Para que haya diálogo entre Gobierno y Oposición es imprescindible superar la mutua desconfianza.”

8. No da respuesta a la realidad educativa. Se habla de la necesidad de una nueva Constitución, de constitucionalizar misiones educativas para solucionar los grandes problemas de la educación pero no se habla de éstos. Se promueve un “populismo constitucional” a sabiendas de que los grandes problemas de la educación (insuficiencia de docentes, bajas remuneraciones y condiciones laborales, baja en la cobertura de los programas de alimentación escolar, baja calidad educativa…) no se resolverán y que los intereses que mueven la iniciativa son otros.

9. No respeta el estado de derecho. Conocidos nos han señalado que en 1999 Cecodap promovió la participación de niños y adolescentes realizando propuestas para la Constituyente. Efectivamente, lo hicimos con una iniciativa que tenía la legitimidad de un referendo aprobatorio. No se puede promover la participación de estudiantes en una iniciativa que viola la Constitución que fue aprobada por la mayoría del pueblo venezolano.