Para escuchar la versión de 27 estudiantes universitarios, revisar las actas policiales, conocer los argumentos del fiscal militar y los de la defensa civil pasaron 10 horas. Al final, el resultado era el que los abogados temían: la privativa de libertad por cuatro delitos de corte militar.
El abogado del Foro Penal, organización de derechos humanos, Dimas Rivas, indicó que a las 6:00 de la mañana el Tribunal Quinto de Control Militar, a cargo de juez militar Edgar Volcanes, ordenó la reclusión de estos estudiantes. Veintidós de ellos deberán esperar hasta la audiencia preliminar tras las rejas de la cárcel de El Dorado en el estado Bolívar (a 1.000 kilómetros de distancia), 11 en la cárcel 26 de Julio, en el estado Guárico (a 70 kilómetros), y las cinco mujeres les asignaron arresto domiciliario.
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Según denunció Dimas Rivas, los delitos imputados por el fiscal fueron instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), destrucción de fortaleza y violación de zona de seguridad.
“Cómo se hace una buena defensa técnica si la intimidación está presente por piquete de GNB, jóvenes nerviosos y golpeados, solo hay un estado de HECHO mas no de DERECHO, violación al debido proceso, juez natural, derecho a la defensa, in dubio pro reo“, escribió el abogado en su cuenta de Twitter.
Este grupo de jóvenes fue detenido el domingo 2 de julio mientras se encontraban en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) ubicada en avenida Las Delicias de Maracay, estado Aragua. Funcionarios de inteligencia de la Policía de Aragua irrumpieron en el edificio y practicaron una redada que terminó con la aprehensión de 28 personas.
De acuerdo con información extraoficial, los uniformados encontraron información de los universitarios debido a que el sábado 1 de julio detuvieron a una joven en la puerta de la Upel. La habrían hecho salir bajo engaño y luego de revisar su celular lograron obtener datos de cuántos jóvenes pernoctaban en las instalaciones académicas y practicar la redada el domingo en la madrugada.
Además de violar la autonomía universitaria, los abogados alegaron la privación ilegítima de los muchachos y las torturas. Diana Valencia, una joven embarazada, fue golpeada al punto de que tuvo que ser trasladada al hospital del Instituto Venezolano de Seguridad Social (Ivss). Luego le dieron la libertad.
“Además de violar el principio del juez natural, estas irregularidades contradicen la decisión que la misma Sala de Casación Penal emanó en diciembre de 2016 bajo el número Nº 518 en la que ratifica que los delitos contemplados por el Código Penal Venezolano deben ser procesados por un tribunal civil y no castrense”, aseveró Alí Daniels, abogado y representante de la organización Acceso a la Justicia.
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