Provea exige a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo abrir una investigación sobre la actuación de las fuerzas policiales y militares en la aplicación del Operativo de Protección y Liberación del Pueblo, que se llevó a cabo este lunes 13 de julio en cuatro localidades.
Para la ONG, en el operativo hay característica que apuntan al “uso excesivo de la fuerza y el empleo indiscriminado de medios letales”.
En el entendido de que “el Estado tiene responsabilidades en promover políticas para mantener la seguridad y proteger a la ciudadanía”, sostiene que sea la medida que sea “deben respetarse los derechos humanos”.
Considera que el Operativo de Protección y Liberación del Pueblo “abre las puertas a la legitimación de las ejecuciones policiales, que en 2014 cobraron la vida de 189 personas, la mayoría de ellas a manos de cuerpos de seguridad de ámbito nacional como el Cicpc y la PNB”.
Recuerda que el informe “Características de la policía venezolana, hecho en 2006 por la Comisión Nacional de Reforma Policial (Conarepol), da cuenta de que “Otro indicador de la letalidad policial es la desproporción entre civiles heridos y muertos. Así, en 2005, por cada civil que es lesionado en enfrentamientos con la policía, fallecen en iguales condiciones 3 ciudadanos. Es decir, que estamos frente a una policía que mata más que hiere, triplicando la cifra de decesos la de lesionados”.
Provea subraya que la práctica de “dispare a matar” pareciera repetirse en el operativo realizado en la Cota 905.
Asegura que el Estado ha sido incapaz de resolver los problemas de seguridad ciudadana y su actitud ha sido más de negar su verdadera dimensión al tiempo que retrocede en los avances logrados con la implementación del nuevo modelo policial impulsado desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).