Los hombres se asoman por una de las ventanas del tercer piso del edificio “Mil”, donde funciona la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Sale uno, prende un cigarro, lo fuma hasta la mitad y lo lanza a la calle. Sale otro, mira hacia los lados y cuando la ve, agita los brazos y le grita: “¡Bendición, mamá!”.
Es uno de los 16 indocumentados que permanecen en una sala de esa dependencia, a la espera de la deportación. Está con ocho colombianos y otros alemanes, rusos y turcos, según una lista que muestra un funcionario, en la entrada, para que los familiares verifiquen si la persona que buscan está allí. También es uno de los 32 extranjeros detenidos en la Cota 905, la llamada “zona de paz” en la que vivió desde que lo sacaron de la Torre de David.
La mujer que lo mira y lo saluda, desde abajo, es su madre. También vivió con tres de sus cuatro hijos en el famoso rascacielos caraqueño que fue invadido en 2007 y desalojado por completo, ocho años después, el pasado 29 de mayo. No se fueron juntos cuando les tocó salir: los hijos del medio hicieron un rancho en la Cota 905 y allá estaban el lunes 13 de julio, cuando llegaron policías y militares disparando, buscando a un sujeto apodado “el Coqui”.
Ella sí agarró la llave que el Gobierno le dio y desde entonces vive en un apartamento de la Misión Vivienda, en el complejo Lomas de Guadalupe, en Ocumare del Tuy, donde hace dos meses fueron asesinados 10 integrantes de una familia mientras estaban en una fiesta. Días después, decidió enviar a su hijo menor (16 años) a Colombia, a casa de una tía en un pueblito llamado Campo de la Cruz. “Él también estaba indocumentado, menos mal, porque sino también me lo agarran. Si Yahir se hubiese venido conmigo a la Misión no me lo agarran, pero se fue detrás de una novia que vive en la Cota“, cuenta, la madre de Yahir Eduardo Muñoz. Ya no está asomado en la ventana.
“Qué le vamos a hacer… Yo estoy aquí esperando. Eso es lo que me dicen, que debo esperar a ver cuándo es que lo van a devolver a Colombia, porque eso es mentira de que le van a ofrecer sacarle los papeles como hacían antes cuando los agarraban así”, dice su madre, desde la Plaza Miranda, en la avenida Baralt, donde ha pasado toda la mañana de este jueves 16 de julio merodeando. Ya se las ingenió para pasarle desayuno con un funcionario. Ahora espera la hora del almuerzo.
Lo que esta señora no quiere decir es cómo se llama. Pero jura que tiene sus documentos al día. Entonces saca de la cartera su pasaporte colombiano y explica que también tiene cédula venezolana pero que prefiere no mostrarla por dos razones: “Noooo, ¿y si me agarran y me mandan para Colombia de improvisto? Nooo… Además, los malandros de la Cota son muy malos y si leen esto, quien sabe. A una señora la amenazaron con matarla a ella y a los hijos por algo que dijo cuando la policía fue para allá. Yo no quiero más problemas con nadie”.
Ruleteo y resignación
La madre de Yahir no supo de su paradero sino hasta el día siguiente. Para encontrarlo tuvo que visitar seis lugares en Caracas. La travesía la hizo en transporte público: “Me llamaron y me dijeron que eso había pasado. Fui para allá y me dijeron que se lo habían llevado a un destacamento de la Guardia en Fuerte Tiuna. Entonces fui para allá primero. No estaba. Luego fui a otro destacamento en Coche. No estaba. Fui a El Paraíso, donde estaban muchos de los detenidos de la Cota y me dijeron que tampoco estaba. Vine al Saime de la Baralt y nada. Volví a El Paraíso. Fui al Saime de La California, luego a otro lugar en Tazón y allá fue que lo encontré. Eso fue el martes (14 de julio) como a las 3 de la tarde. Y entonces fue cuando se lo trajeron para acá. Y bueno… aquí lo tienen, quién sabe hasta cuándo”.
Hasta el 4 de abril de 2015, 1.389 colombianos fueron deportados desde Venezuela, según información de la cancillería del vecino país. Muchos se quejaron de cómo fueron tratados al momento de su detención, expresó la canciller María Ángela Holguín: “Las quejas presentadas por algunos de ellos sobre el trato que recibieron en los lugares donde los retuvieron ya fueron presentadas a las autoridades venezolanas, a través de los canales consulares”, dijo en febrero pasado, después de conversar con los afectados.
En esta oportunidad, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, señaló que los detenidos extranjeros serían deportados, cuando ofreció el balance del llamado “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo”, en el que fueron asesinados 15 presuntos delicuentes. “Imagínate, si lo dijo un ministro ya tienen que cumplirlo. Mi hijo no merece esto, él era ayudante de albañilería, ya va a tener a su segundo bebé y nunca tuvo los medios para comprar un pasaporte porque eso implica viajar a Colombia, sacar la partida de nacimiento. Es un gasto”, dice la madre. Cuando habla de “comprar”, se refiere al trámite reglamentario.
González López también dijo que esos 32 extranjeros eran paramilitares. La mujer se ríe, incómoda, de esa parte de la historia: “De indocumentados a paramilitares hay una gran diferencia. Eso es mentira. Ni mi hijo ni los otros del barrio son eso que él dijo. Lo que pasa es que todo lo quieren magnificar y nos malponen, nos maltratan verbalmente”.
Pese a sus lamentos, dice que se sentirá aliviada pronto, si las autoridades terminan de decidir cuándo es que su hijo debe dejar Venezuela. “Yo lo he pensado desde el lunes y también lo venía pensando. Si lo mandan, bueno, me toca organizarme para irme yo también, pero mejor. Aquí a mi hijo no le vendían nada en los supermercados por no tener cédula, ni la leche para su bebé que ya va a nacer. En Colombia sí hay de todo: leche, papel, detergente. Yo creo que mejor estaremos allá”, asegura. “Y me llamarán desagradecida porque tengo más de diez años aquí, pero no me importa. Este país ya se fregó”.
Negra de mierda