Lo que empezó con la captura de los autores materiales e intelectuales del asesinato de Liana Hergueta terminó con la video-confesión de uno de los presuntos homicidas, José Pérez Venta, cuyas revelaciones van más allá del crimen y expresa supuestas conexiones de lo que pareciera ser un entramado “conspirativo” que busca generar “caos político” en el país.
Las claves del video son conocidas. Pero hay elementos de forma que “no concuerdan”, de acuerdo con el análisis de dos criminólogos y un abogado penalista consultados por Efecto Cocuyo, y que indican algún tipo de postproducción del material para enlazar, con cortes de edición, escenas en las que aparece el declarante en un espacio con poca iluminación que, al parecer, es diferente al cuarto donde se graba buena parte de la confesión.
“(Pérez Venta) sí parece ser una persona que tiene varios días sin dormir bien y sin alimentarse bien, con agotamiento físico, que está privada de libertad. Pero también tiene una mirada esquiva y las respuestas son muy preparadas, da la impresión que son llevadas de la mano por el funcionario que lo entrevista (…) Nadie puede negar que tiene una intencionalidad política”, afirma el criminólogo y exfuncionario de la División de Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), Luis Godoy.
No es la primera vez que un testigo clave vincula un asesinato mediático con un plan político ejecutado por opositores del Gobierno. En opinión de los expertos, la historia de Pérez Venta guarda algunas similitudes con la de Giovanny Vásquez, el testigo que presentó el Ministerio Público durante la investigación del trágico asesinato del Fiscal Danilo Anderson, hace 11 años.
Las primeras versiones que Giovanny Vásquez narró ante los tribunales venezolanos vinculaban a dirigentes opositores y a dueños de medios de comunicación con la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Vásquez declaró que el 15 de marzo de 2004 recogió en Panamá el explosivo C-4 –que explotaría la camioneta de Anderson y le quitaría la vida en el acto el 18 de noviembre de ese año– y lo entregó en la zona fronteriza con Colombia desde donde fue trasladado a Venezuela por órdenes de un tal comandante “Jorge 40”, quien servía a “los conspiradores”.
Vásquez también conectó al FBI y a la CIA con los planes que al principio buscaban el derrocamiento del entonces presidente Hugo Chávez y devinieron en el asesinato del Fiscal.
“Si vemos este video es comparable con el caso de Giovanny Vásquez, tiene la misma argumentación. Pérez Venta acusa a una gran cantidad de personas que milita en partidos opositores y su declaración es presentada a través de mecanismos que no son propios de una investigación criminal y que es difundida en los medios de comunicación”, asegura Godoy.
En la primera versión del video, mostrado el martes 18 de agosto por el presidente Nicolás Maduro, Pérez Venta no hace referencia al crimen por el que está imputado, algo que también llama la atención del criminólogo Francisco Javier Gorriño.
“No da detalle del hecho delictivo en el cual intervino. Hay poca credibilidad, no sólo porque es un criminal convicto y confeso, sino porque no mira fijamente a la cámara. No entiendo la finalidad de grabar ese video en el que se le resta importancia a los hechos delictivos que pudo haber cometido esta persona”, dijo.
Los rostros de Giovanny Vásquez.
Durante el proceso de investigación del caso Anderson no sólo se determinó que todo lo que atestiguó Vásquez fue forjado, sino que tampoco decía ser quien era.
La periodista Laura Weffer confirmó que no estaba registrado en la Asociación Colombiana de Psiquiatría, como aseguraba. Tampoco aparecía en el Registro Civil de Colombia, a pesar de que decía ser ciudadano colombiano.
Vásquez llegó a señalar que era agente encubierto del Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia y fue desmentido.
Esta capacidad para usurpar identidades también rodea el perfil de Pérez Venta. En una investigación realizada por el portal Runrunes se dibujan las distintas caras que adoptaba.
Salvando las distancias, los actores y las circunstancias, la principal diferencia entre ambos casos es la vocería oficial asumida por el Gobierno. La investigación de la muerte de Danilo Anderson fue divulgada por la Fiscalía General, que en ese momento estaba a cargo de Isaías Rodríguez.
El homicidio de Hergueta ha sido presentado por altos funcionarios públicos. El jefe de Estado Nicolás Maduro y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, fueron los primeros en difundir el material inédito. El vicepresidente Jorge Arreaza hizo mención del caso y responsabilizó a “la derecha” mientras habló de la activación del “Estado Mayor Eléctrico” en varios estados del país, este 19 de agosto.
El gobernador de Carabobo y coordinador electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, Francisco Ameliach, dejó colar una nueva grabación en la que aparece Carlos Trejo, a pesar de que la divulgación de este tipo de información relacionada con una investigación en curso es un delito.
El abogado penalista, José Luis Tamayo, manifiesta que los videos constituyen una “prueba ilícita” por la forma en la que fueron concebidos. “Él (Pérez Venta) está involucrado en un hecho punible y el Código Orgánico Procesal Penal en su articulo 132 establece que cualquier declaración que haga un imputado sin la presencia de su representante es nula”, precisa.
Tamayo evoca el artículo 181 sobre la licitud de la prueba porque, a su juicio, la filmación no se apega a los canales regulares que establece el Código por la forma en la que fue elaborada y mostrada.
El artículo reza textualmente: “Los elementos de convicción sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones de este Código”.
“De acuerdo con lo que dice el propio Código, las investigaciones que se realizan de este tipo de hecho tienen un carácter reservado lo que quiere decir que la persona que revela lo que sabe sobre el expediente viola el artículo 286. Sin embargo, la reserva de la información es distinta al secreto sumarial que fue eliminado del código y los funcionarios que incurran en este delito podrían ser sancionados administrativamente, pero no tendrán consecuencias de carácter penal”, concluye.