Presión y documentación. La petición que los cancilleres de cinco países realizarán a la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad persigue que el tribunal inicie una investigación formal sobre el caso, explicó a Efecto Cocuyo el abogado Mariano de Alba.
El especialista en derecho internacional recordó que la Fiscalía de la CPI inició un examen preliminar, en febrero de este año, para evaluar el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano durante las protestas antigubernamentales que iniciaron en abril de 2017 y los encarcelamientos a personas por motivos políticos.
Sin embargo, la denuncia o referimiento que harán el miércoles 25 de septiembre los cancilleres de Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Perú llamará aún más la atención sobre las actuaciones del Gobierno venezolano.
De Alba señaló que una ventaja del mecanismo es que los Estados podrían aportar datos para la investigación de la Fiscalía.
Sin embargo, “la decisión sobre si continuar, o no, con el proceso sigue dependiendo de la de la Fiscalía”. El referimiento también implica que si el órgano decidir desechar la investigación preliminar, “tendría que solicitar autorización previa de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte”, expuso el abogado.
Consecuencias
Agregó que si el tribunal avanza a la fase de investigación, “para Venezuela ese paso sería relevante, pues confirmaría la Fiscalía que hay indicios muy claros de que se cometieron crímenes de lesa humanidad y por ende hay que juzgar a los más altos responsables”.
De cara a la comunidad internacional, señaló De Alba, “el régimen quedaría aún más debilitado”.
El especialista aclaró que aunque realizar la investigación formal podría limitar los viajes para altos funcionarios del Estado fuera de Venezuela, la CPI tiene herramientas limitadas y, por ejemplo, “no puede arrestar a nadie si las autoridades de los países miembros de la Corte no colaboran con ella”.
En ese tribunal también reposa, desde 2017, una denuncia por violación de derechos humanos contra el presidente Nicolás Maduro, realizada por el ahora mandatario de Colombia, Iván Duque. La acusación contó con el apoyo de 76 senadores de Colombia y 50 miembros del parlamento chileno.