La negociación entre la autoridad única militar del Táchira, general Carlos Alberto Martínez, y los representantes industriales y manufactureros para reabrir el paso de carga pesada en la frontera lleva tres días.
Desde este martes 1 de septiembre los transportistas esperan, de un lado y de otro, obtener el permiso para trasladar los productos de importación y exportación, de acuerdo con declaraciones del presidente ejecutivo de la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol), Rogelio Queijeiro.
El general Martínez habría acordado con los 243 representantes la “flexibilización” del paso de los camioneros que todavía no se ha hecho efectiva según el expresidente de Fedecámaras de Táchira, José Rozo.
Calculó que sólo del lado venezolano, en los municipios San Antonio y Ureña, hay alrededor de 500 camioneros que piden la autorización. En Colombia la situación está igual. “Sí hay interés de la autoridad militar porque conoce la situación de los transportistas venezolanos que están atrapados en Cúcuta, pero todavía no se da el permiso. Muchos son padres de familia que quieren regresar, incluso dos unidades trataron de meterse por las trochas y fueron detenidas por las autoridades venezolanas”, dijo.
En la mercancía que está retenida en los camiones que no pueden atravesar la frontera hay productos lácteos, de higiene personal y materias primas para la industria de consumo masivo, precisó Rozo quien resaltó que el costo final del producto se incrementa porque tienen que pagar almacenaje extra.
Afirma que el desabastecimiento de productos se mantiene y se ha intensificado en algunos rubros como el pollo, la carne, los huevos, la azúcar y la harina. “Las panaderías de la Frontera iban a Cúcuta a comprar bultos de harina y azúcar y ahora tuvieron que cerrar porque como no pueden hacerlo se quedaron sin materia para elaborar los panes (…) La presidenta de la Cámara de Comercio de San Antonio, Isabel Castillo, agrega que el 50% de los comercios que estaban abriendo en el municipio se han visto forzados a bajar, nuevamente, sus santamarías por falta de inventario. “Los negocios que abrían eran atendidos por los propios dueños porque el 80% de los trabajadores viven en Colombia”.
Confirmó que los camiones todavía no han salido de San Antonio y que esa medida no garantiza que reactive la industria. “El paso quedará a discrecionalidad de los funcionarios de turno y no hay nada que garantice que pasarán con normalidad. Puede prestarse, incluso, para que se den situaciones que estén al margen de la ley”, opinó.
A su juicio, la única acción que puede acabar con el contrabando es la “homologación de los precios para que haya una comercialización más justa con nuestro hermano país”.