El ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, firmó 14 acuerdos de servicios con 14 empresas nacionales e internacionales, por una inversión de 430 millones de dólares, que lesionan la soberanía nacional, según denunciaron exministros de Hugo Chávez este miércoles 26 de diciembre.

El exministro de Industria y Comercio, Gustavo Márquez, cuestionó el decreto 3.368 que le otorga a Quevedo la facultad de ejercer las funciones de control y tutela sobre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus empresas filiales e institutos adscritos, así como la potestad de administrar y reestructurar las mismas sin que el funcionario esté sujeto al control de la Asamblea Nacional ni de la Contraloría General.

Advirtió que se desconocen los términos, las condiciones y alcance de estos contratos y exigió al ministro hacerlos públicos porque “los venezolanos tienen derecho a conocer el contenido”.

Agregó que  tienen información de una fuente extraoficial, según la cual el actual presidente de Pdvsa suscribió recientemente el acuerdo Nº 15 que otorgaría ventajas considerables a una empresa estadounidense perteneciente a “un propietario muy influyente dentro del Gobierno de Estados Unidos y amigo del presidente Donald Trump“.

Este último contrato “es por 25 años en lugar de seis y la tarifa que pagará Pdvsa por la prestación del servicio de extracción de crudo no se calculará como en el resto de los 14 por volúmenes producidos sino por el valor del 49,9% la venta del total de la producción disponible a “boca de pozo”, según la información suministrada a la autodenominada Plataforma en Defensa de la Constitución.

Márquez explicó que este esquema de distribución de los beneficios nos devuelve a la política del 50-50 o fifty-fifty de la ley de hidrocarburos promulgada por el presidente Isaías Medina Angarita (1943) en la que el Estado recibía un máximo del 50% de producto total.

Otra de las ventajas, supuestamente otorgadas a la transnacional, es que se le libera del pago de las regalías correspondiente al 30% de la producción, las cuales deberán ser canceladas en su totalidad por Pdvsa.

“Se lesiona severamente la soberanía al establecer que ambas partes (Pdvsa y la empresa contratista) deben someterse a las regulaciones y directrices de la Oficina de Control de Activos Extranjeros y a cualquiera de las exigencias económicas de los EEUU, subordinando el Estado a las directrices del imperio estadounidense”, reza el comunicado publicado por la Plataforma en Defensa de la Constitución.

Márquez señaló que la oficina de control de activos extranjeros de Estados Unidos “es el brazo administrativo de EEUU para desarrollar su política exterior en materia de sanciones” y es contradictorio que el presidente Nicolás Maduro afirme que la administración de Trump  “es un enemigo fundamental” y luego suscriban estos acuerdos.

“Exigimos al Presidente que desmienta esta información para que podamos estar claros de lo que se está haciendo entre gallos y media noche en Pdvsa”, exigió.

Según la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la extracción es una actividad primaria reservada al Estado, según lo establece la Constitución, según el artículo 302, que solo puede ser realizada por empresas de su exclusiva propiedad o por empresas mixtas en las cuales tenga una participación mayoritaria. “No existe la figura de la empresa mixta en los acuerdos de servicios de Pdvsa y por ello es ilegal e inconstitucional“, explicó el exdirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS).

El vocero estuvo acompañado por otros dos exministros chavistas: Oly Millán y Héctor Navarro y por el dirigente sindical Santiago Arconada y el sociólogo Edgardo Lander.

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Foto: venezuelaaldia.com