El informe que redacta la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, constituye un medio de prueba para un juicio contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), explicó el abogado y analista internacional Daniel Merchán.
“Esto es un cerco adicional para el régimen de Maduro. Cada vez vemos cómo queda más al desnudo ante la comunidad internacional, lo que facilita el avance hacia más sanciones y acciones contundentes contra particulares”, indicó a Efecto Cocuyo.
El abogado precisó que el informe de Bachelet será presentado en el consejo de derechos humanos en Ginebra, Suiza.
La alta comisionada adelantó este miércoles 20 de marzo conclusiones alarmantes sobre su investigación que confirman detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales contra la disidencia en Venezuela.
Al mismo tiempo, testigos narraban ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el uso de sustancias químicas y violaciones de derechos humanos contra presos políticos.
Adicionalmente, sobre Maduro pesa la denuncia de seis jefes de estado: Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá, quienes lo acusaron de cometer crímenes de lesa humanidad.
La Fiscalía de la CPI abrió de oficio, en febrero de 2017, una investigación preliminar para revisar los presuntos crímenes cometidos desde el 12 de abril de 2014.
Ayuda humanitaria
La internacionalista Giovanna De Michele señaló que tras el informe Bachelet “es sumamente costoso políticamente para Nicolás Maduro seguir negando la posibilidad de ingreso de la ayuda humanitaria”.
“No es la primera vez que desde la Oficina del Alto Comisionado se emite un informe fuerte sobre el caso Venezuela. Pero este tiene mayor relevancia porque se da en un momento de gran debilidad para Maduro, porque es el resultado de una observación in situ y porque el informe viene de Bachelet, que es una representante de izquierda latinoamericana y quien fue aliada de la revolución bolivariana”, argumentó.
No obstante, la especialista en relaciones internacionales aclaró que el informe “no justifica una acción de injerencia humanitaria”, pues ésta tiene que ser aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU y dos de sus cinco miembros permanentes: China y Rusia son aliados de Maduro.
La profesora universitaria desmintió que la Asamblea Nacional tenga potestad para solicitar una misión militar extranjera en el país como exige la Fracción 16 de Julio, dirigida por María Corina Machado.
“Este artículo lo único que hace es ratificar la función que tiene el Poder Legislativo de autorizar las misiones militares extranjeras, en ninguna parte dice que puede pedir una misión militar. Autorizar no es lo mismo que pedir”, señaló.
“Una cosa es una misión militar que puede referirse a que venga una unidad militar de un país amigo a desfilar en fechas patrias, por ejemplo, y otra una intervención militar, esta última no la puede autorizar la Asamblea Nacional bajo ninguna circunstancia”, agregó.
Para el internacionalista Félix Arellano el informe tiene un efecto político. “Bachelet adelantó las conclusiones de ese informe que debe ser entregado en septiembre. No estaba obligada a hacerlo, pero lo hizo porque no quiere ser cómplice de una situación tan grave de violación de derechos humanos”.
Aunque señala que Venezuela está obligada, como miembro de la ONU, a seguir las recomendaciones de Bachelet, la única instancia que tiene mecanismos para aplicar sanciones es el Consejo de Seguridad y en este China y Rusia tienen poder de veto.
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