Resulta desatinado persistir en criterios y postulados de teorías económicas, por ortodoxas que puedan ser, para pretender el reordenamiento o reestructuración de economías enrevesadas y desorientadas como consecuencia no solo de políticas aisladas. Peor aún, desatendidas de propósitos explícitos de igualdad, distribución y participación.
Pero al mismo tiempo, de una economía infundida por actitudes incapaces de adecuar y transformar anquilosadas instancias de decisión ante demandas sociales que se han estimulado de razones y expectativas incompatibles con las necesidades de un crecimiento económico integrado.
Ha podido demostrarse que la aplicación de teorías económicas sustentadas en proposiciones de amplio espectro en lo conceptual, espacial y temporal, conduce inevitablemente más que a impedir el logro de objetivos de desarrollo, a acelerar la confusión en la coyuntura y acentuar el desequilibrio estructural.
De hecho, es posible resaltar graves problemas suscitados en países de economías fuertemente dependientes y subdesarrollados, cuando el agobiante desempleo y las incontroladas elevaciones de precios han querido hacerse ver como variables sólo determinadas por la movilidad y magnitud de la demanda agregada del producto nacional.Cuando más allá de dicha consideración, ello resulta en crasa mentira pues el contexto en el cual este problema se magnifica se encuentra asediado de múltiples factores que tienden a complicar todo.
Sin embargo, si el problema en cuestión se revisa solamente creyendo que el aumento del gasto público es condición suficiente para impulsar una actividad económica que provoque el mejoramiento del empleo, eso corrompe el funcionamiento de la administración pública causando a su vez peligrosas desavenencias operativas y estratégicas.
Esta explicación intenta servir de marco referencial a la situación venezolana. No tanto por los problemas derivados de su economía bastante vulnerada debido a haberse mantenido un buen tiempo atada a un mercado petrolero sumamente sensible a los vaivenes de la economía internacional. También, por los resultados propios de procesos sociales y políticos coyunturales cuyas respuestas en nada o poco se han ajustado a las exigencias de un desarrollo integrado nacional.
Deformaciones a la vista
A este respecto, luce absurdo propender a una re-democratización del sistema político nacional, pues lejos de actuar en aras de la manifiesta igualdad desde la perspectiva de la distribución de las cargas y de los beneficios de la población, los mayores agentes de la economía solo habrán conseguido si no a dificultar significativos canales de acceso a la tarea de la administración del desarrollo nacional, habrá sido afianzar su eliminación. Y esto, podría valerle como factor incitador de molestias y males de concreta respuesta político-social.
Observar estas y otras complicaciones que se han venido estimulando en las deformaciones del comportamiento económico venezolano, constitucionalmente fundamentado en principios de justicia social, igualmente “borrados” del escenario venezolano nacional, es lo que lleva a caracterizar esta realidad ciertamente subvertida. Ello, como consecuencia de lo que implica que el país padezca de una economía “convulsiva”.
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