La lengua de Walid Makled empezó a soltarse poco a poco desde el momento de su captura en Colombia en el año 2010, hasta la fecha de su enjuiciamiento en Venezuela en febrero de 2015. El empresario sirio-venezolano se encontraba entre los tres más buscados por la DEA, y tras su detención soltó denuncias que involucraban a altos funcionarios venezolanos con el narcotráfico. Incluso, lo hizo en una entrevista televisada en 2011 en la que calificó a Venezuela de “narcoestado”. Allí mencionó las supuestas implicaciones que tendrían militares de alto rango en operaciones de tráfico de drogas que él dirigía.
Además de la cúpula militar, a la que dijo pagarle millones de dólares a cambio de favores, Makled mencionó sus conexiones con la Asamblea Nacional y con el partido de gobierno al que asegura le habría financiado con 2 millones de dólares para una campaña política. Una de las figuras a las que el capo habría pagado es Hugo Carvajal Barrios, para entonces director nacional de Inteligencia Militar entre 2004 y 2011.
“El Pollo” Carvajal, actual candidato a diputado por el Psuv en el circuito 2 de Maturín, fue detenido en 2014 en Aruba por solicitud de Estados Unidos que lo investiga por presunto narcotráfico. El procedimiento se practicó en los días que el militar venezolano fue designado Cónsul General en la isla. El Gobierno del presidente Maduro apeló a la inmunidad diplomática y Carvajal quedó libre. Para ese momento, el Mandatario expresó que los organismos de seguridad extranjeros habían procedido de manera ilegal y apuntó: “Me la juego por el general Carvajal Barrios”. Sin embargo, su nombre, como se verá a continuación, se repite en las denuncias de personas que atestiguan contra el poder.
Los soles del cartel
En enero de 2015 el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, recibió una amarga sorpresa. Uno de los encargados de su seguridad, capitán Leamsy Salazar, se había entregado a la DEA en calidad de testigo para informar sobre la supuesta participación que tendría el vicepresidente del Psuv en actividades ilícitas. La Fiscalía General de Estados Unidos habría lanzado una acusación contra Cabello con base en el testimonio del militar.
Salazar fue miembro de la Casa Militar. Durante 12 años estuvo en la custodia presidencial y fue de la total confianza del mandatario Hugo Chpavez Frías, fallecido en marzo de 2013. Fue jefe del primer anillo de seguridad de Chávez. En sus acusaciones también habría involucrado al gobierno de Cuba.
El Partido Socialista Unido de Venezuela y la Asamblea Nacional defendieron a su líder de estas acusaciones. Incluso, el parlamentario Pedro Carreño publicó en su cuenta en Twitter que Salazar había sido pagado por la CIA para denunciar a Cabello. Las réplicas de este caso en medios nacionales culminaron con denuncias a 22 directivos de medios de comunicación del país y otras sanciones. Representantes de El Nacional, La Patilla y Tal Cual, tienen orden de presentación ante tribunales luego de reproducir la información que apareció en el diario español ABC.
En mayo de este año las alarmas se volvieron a encender cuando el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un nuevo y extenso reportaje en el que revela los avances de las investigaciones de la DEA en las que, Diosdado Cabello -a quien consideran el segundo hombre con más poder en Venezuela- figura como “cabeza del cartel” venezolano. De acuerdo con WSJ su hermano José David Cabello, Hugo Carvajal, y el actual gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, también están en el ojo de las investigaciones.
Justicia cercenada
Los exmagistrados Velasquez Alvaray y Eladio Aponte Aponte también tendrían una participación importante en las denuncias de narcotráfico que pesan sobre los hombros de las figuras militares y políticas de Venezuela. Ambos aseguraron tener información de altos rangos vinculados en este tipo de actividades ilícitas. Denunciaron, además, presiones del gobierno para favorecer o entorpecer el desenvolvimiento de juicios referentes al narcotráfico.
Aponte Aponte huyó de Venezuela en abril de 2012 después de ser destituido de su cargo como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia el 20 de marzo de 2012 por su supuesta vinculación con Walid Makled. Aunque negó su relación con el capo, aseguró que las denuncias que él hizo son ciertas. El magistrado reiteró que altos cargos del Gobierno de Chávez han colaborado con el narcotráfico.
Puntualizó los casos del exministro de la Defensa y exdirector de Inteligencia Militar, Henry Rangel Silva, actual gobernador de Trujillo; al mayor general del Ejército, Clíver Alcalá Cordones, al ya conocido general Hugo Carvajal Barrios, al general Néstor Reverol, director de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA); y el general Raul Isaías Baduel, exministro de Defensa quien actualmente se encuentra detenido en Ramo Verde por corrupción. Rangel, Alcalá y Carvajal, fueron sancionados en 2008 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, en sus siglas en inglés) por colaborar con las actividades de narcotráfico de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), recuerda el diario El País de España.
En mayo de ese año Velásquez Alvaray denunció desde su calidad de refugiado en Costa Rica que en Venezuela existía “una guerra de carteles” entre militares y figuras políticas del gobierno nacional. “El presidente Chávez debería saber que entre sus generales favoritos hay narcotraficantes”, indicó en una entrevista televisada y mencionó al cartel de los Soles como el más poderoso, supuestamente integrado por militares venezolanos.
Miriam Morandy, otra exmagistrada del TSJ, acompañaba en mayo de este año a Richard José Cammarano Jaimes al momento en el que una comisión de la Unidad de Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana los detuvo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. El hecho ocurrió la noche del 23 de mayo y, según se conoció, el hombre estaba solicitado por dos tribunales de Caracas por el delito de tráfico internacional de drogas.
Cammarano pretendía viajar fuera del país y estaba en compañía de la magistrada jubilada Miriam Morandy y de la asistente de esta, Tibisay Pacheco. El candidato a la Asamblea Nacional por la MUD en el circuito 4 de Caracas, Ismael León, solicitó a la Fiscalía General de la República que se le abriera una investigación a la jurista por estar en compañía de quien tiene acusaciones por narcotráfico.