En palabras de Carlos Nieto, coordinador de Una Ventana a la Libertad (UVL), “los centros de detención preventiva son pequeñas cárceles”, donde ocurren las mismas violaciones a los derechos humanos que se registran en las cárceles del país. Este 19 de febrero, la Organización No Gubernamental denunció los riesgos a la salud, desnutrición, torturas y vulneraciones a los derechos sexuales y reproductivos de los detenidos e informó sobre la muerte de 192 reclusos.
En 2019 UVL pudo confirmar el fallecimiento de 192 reclusos en calabozos. Cuarenta y seis de esos privados de libertad perdieron la vida por enfermedades; 40 por violencia entre reclusos, 16 por abuso policial, 34 en fugas y 21 por varias causas.
Los Centros de Detención Preventiva (CDP) son espacios transitorios en los que el procesado no debería estar más de 48 horas, según la ley venezolana, pero debido a la crisis carcelaria las personas se acumulan y hacinan en estos recintos sin ser trasladados a un penal. Mientras que la capacidad los CDP es de 1.176, actualmente albergan 6.151 privados de libertad.
“La vinculación del hacinamiento con el permanente deterioro de la calidad de vida y la salud de las y los detenidos es inocultable”, se lee en el Informe de Centros de Detención Preventiva en Venezuela del 2019.
La organización no gubernamental denuncia que en algunos centros destinados para 100 personas alojan a más de mil detenidos. El informe detalla que los cinco estados que presentan más detenidos en los CDP son: Zulia, Distrito Capital, Anzoátegui, Lara y Nueva Esparta.
Para realizar este estudio la organización asistió a 238 CDP en 15 estados, donde se encuentran 21 mil de los 65 mil reclusos de Venezuela. Las fuentes con las que trabajaron fueron con familiares de los detenidos, algunos detenidos y algunos funcionarios.
Alertas y fugas
Los CDP son altamente peligrosos. Magaly Huggins, coordinadora de la investigación aseguró que algunos de los detenidos “sobreviven” a una tragedia en los calabozos, que son reflejos de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país, pero exacerbada.
El 6 de febrero por primera vez se otorgaron medidas cautelares a un CDP, el Retén de Cabimas en el estado Zulia. La medida ampara a los hombres y mujeres privados de libertad, así como funcionarios y visitantes del recinto, por el peligro que supone para cualquier persona.
Para los detenidos “huir de los CDP es una apuesta” en palabras de Huggins. El año pasado UVL registró 358 reclusos fugados, de esa cantidad solo 109 fueron recapturados, es decir, un 30%.
“A mayor hacinamiento aumentan las fugas y la probabilidad de fracasar en el intento es menor que lograr la libertad”, dijo Huggins.
Además, el informe publicó que en 2019 hubo 59 motines, algunos producto de que los reclusos intentaban escapar.
Otro reporte importante son las torturas: 88 mujeres y 141 detenidos dentro del estudio reportaron haber sido torturados en el 2019.
Salud, higiene y alimentación
Para el 93% de los CDP la falta de saneamiento en los calabozos es un problema sanitario. A penas 273 personas detenidas fueron beneficiados con jornadas de salud esporádicas, que no garantizan continuidad en la atención. El acceso a la atención médica oportuna es inexistente y entre las causas de muerte se encuentran enfermedades que han podido ser prevenidas, de acuerdo a UVL.
La primera causa de muerte por enfermedad reportada es la tuberculosis, luego están las muertes por enfermedades crónicas como hipertensión, cáncer y VIH, luego enfermedades respiratorias.
Además, 494 personas padecían de enfermedades de la piel, según se reportó en el informe y 289 desnutriciones. Los entrevistados en 60% de los CDP dijeron que la mezcla entre reclusos enfermos y sanos es un problema sanitario,
Sobre la desnutrición, la organización recordó que los CDP no cuentan con comedores donde dar comida a los reclusos. En 89,3% de los CDP los familiares son los que llevan la comida y en casi todos son también encargados de los medicamentos.
“Si alguna persona integrante de cada grupo familiar no asume la tarea de facilitar insumos alimenticios, o en su defecto la diaria alimentación de su familiar detenido, la desnutrición y hasta la muerte es lo esperado. Igualmente sucede con los medicamentos, su acceso depende de la familia, y muchas veces no son entregados a los detenidos” explica el informe.
Además, en muchos de los casos los “pranes” que dirigen los CDP cobran “vacuna” para poder garantizar que la comida sea entregada a la persona indicada. 64% de los centros cobran por ingreso de alimentos, 52% cobran el ingreso de medicamentos, 42% cobran el derecho a recibir visitas y 31% cobran los traslados a otros centros de detención, tribunales y cárceles.
Mujeres maltratadas
La cifra de tortura en las mujeres es muy alta, de acuerdo a Huggins. Ya que el total de mujeres detenidas es de 1.305, 6% de la población detenida, 88 torturas es una cifra representativa. La investigadora concientizó sobre estos casos que en su mayoría son “invisibilizados” cuando no se trata de mujeres embarazadas.
La desatención de la salud de las mujeres detenidas, estén o no embarazadas, es de importancia. En los CDP no existen áreas separadas para detener a las mujeres, de acuerdo al informe.
“No tienen derecho a la vida sexual pero se embarazan lo cual llevó a una de ellas a decir que no sabía quién era el padre si un detenido o un guardia”, concluyó el informe del 2019.
UVL se comprometió a dirigir próximas investigaciones al tema de las mujeres.