La cuarentena por la pandemia de COVID-19 no apagó las protestas en el país. En los últimos días las manifestaciones por escasez de comida y gasolina se extendieron a las poblaciones de Punta de Mata (Monagas), Río Caribe (Sucre), Socopó (Barinas), Guanare (Portuguesa) y Upata (Bolívar)
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 580 protestas en marzo de 2020, equivalente a un promedio de 19 diarias.
Analistas consultados advierten que la tensión social va en aumento ante la indiferencia que exhibe la dirigencia política y la agudización del hambre.
“Las protestas y manifestaciones en tiempos de confinamiento por la pandemia y la militarización son una clarísimo indicador de volatilidad social. Expresan emociones sociales y políticas muy intensas como indignación, ira y rabia ante la denegación de dignidad y de los derechos más básicos. Las protestas, llevadas a cabo en el escenario de lo público por excelencia la calle o la vía pública, y más en tiempo de cuarentena obligatoria y frente a un gobierno militarizado y autoritario, son un reto y un mensaje directo a los gobernantes sobre la extrema desesperación que la gente está experimentando”, explica la doctora en sociología Verónica Zubillaga.
La profesora de la Universidad Simón Bolívar y miembro de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia (Reacin) enumera los factores que potencian la tensión y clima de malestar: “Sin comida, agua, electricidad, ahorros, trabajo, gasolina y sin respuestas ante estas urgencias por parte de las autoridades, la gente no puede más y se la está jugando pues es un asunto de sobrevivencia”.
“La sordera y ceguera, la lentitud en las respuestas de quienes nos gobiernan incrementa la desazón y puede desencadenar estallidos sociales intermitentes, simultáneos. La inminencia de los estallidos plantea el dilema extremo, existencial y político sobre el uso de la represión generalizada por parte de las fuerzas militares y policiales contra la población”, expone la analista.
Para la doctora en ciencias sociales e investigadora del Centro de investigaciones populares, Mirla Pérez, las protestas son la expresión pública del hambre, es la manifestación política de las comunidades que buscan denunciar públicamente lo que padecen.
“Esto te indica que el hambre se ha agudizado y que no hay resignación ante eso. La gente sabe que hay un virus letal y sabe las consecuencias que tiene no mantener el distanciamiento físico, pero se atreve igual a salir a protestar porque no se va a dejar morir”, afirma.
La socióloga señala que el hambre se ha incrementado porque durante la cuarentena la gente tiene menos posibilidad de salir a trabajar lo que destruyó aún más el poder adquisitivo.
La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) ya advertía, en su informe del 10 de abril, sobre la vulnerabilidad económica de la población venezolana que “no permite que se adopten a cabalidad las medidas preventivas, en especial la cuarentena social”.
“La población en sectores populares tiene que salir a trabajar de manera cotidiana para acceder a bienes y servicios y para generar ingresos que les permitan cubrir las necesidades básicas como la alimentación. Sin acceso a ingresos regulares, las familias dependientes de la economía informal están agotando sus reservas ya limitadas”, alertó el organismo internacional.
La intimidación a los manifestantes ha sido la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro, según Pérez. La profesora registró, a través del Observatorio social y humanitario del que forma parte, denuncias sobre una supuesta intimidación de líderes sociales y políticos en el estado Sucre por parte de miembros de la milicia bolivariana en las zonas donde se registraron las protestas como estrategia para inhibir a las personas.
Aseguró que en este estado también se empezó a registrar en 2019 que las familias ya no planificaban su alimentación por día sino que lo hacían por hora “salían en la mañana y resolvían el desayuno, luego salían en la tarde a buscar qué conseguían para comer”, lamentó.
En el barrio las familias se organizan para hacer una sola comida para todos y así rendir el recurso que tienen, otros dejaron de lado sus oficios para dedicarse al comercio informal o venden lo poco que tienen, agrega la socióloga.
“Todas estas salidas tienen un techo y va a llegar un momento en el que se va a acabar el poco recurso que tienen. Los pronósticos son duros”, sostiene.
Un acuerdo humanitario
La profesora Verónica Zubillaga reitera la petición de un acuerdo humanitario para enfrentar la pandemia que han elevado distintos sectores de la sociedad civil.
“Un pacto político humanitario contribuiría a lograr acuerdos para la petición coordinada de ayuda internacional, con garantías de gestión transparente, así como el levantamiento o alivio de las sanciones. Esto permitiría avanzar en los apoyos económicos y sociales indispensables para la gente; para que la población pueda proveerse de comida, medicamentos, agua y demás necesidades básicas para poder respetar el confinamiento”, insiste.
El sociólogo Ramón Piñango sostiene que las protestas no son sorpresivas porque la escasez de gasolina, el salto en la inflación, la falta de comida y el confinamiento por el coronavirus “estan elevando la tensión social”.
“La pandemia es el telón de fondo que ha hecho que se manifieste con más dramatismo la escasez de comida y gasolina y a eso se agrega el vacío del liderazgo político que es creciente”, concluye.