Edgar Flores está detenido desde el 19 de abril, tras protestar en el pueblo de Churuguara, estado Falcón, por las fallas en la distribución de gasolina. El Tribunal Segundo de Control de esa entidad dictó privativa de libertad contra él y dos personas más.
Flores, de 29 años de edad, tiene síntomas asociados a trastorno esquizoide, una discapacidad psicosocial y aún así permanece recluido desde hace 60 días, cuando funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Guardia Nacional (GNB) lo buscaron en su residencia y lo detuvieron.
Los delitos imputados a Flores son: incitación al odio, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad y lesiones genéricas. A él y a los otros detenidos los culpan de agredir al alcalde del municipio Federación, Castor Díaz, y a un comandante de la GNB durante una protesta por combustible en Churuguara el pasado 15 de abril.
La Confederación de Sordos de Venezuela (Consorven) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), junto a otras organizaciones defensoras de Derechos Humanos, exigen la liberación de Flores.
“Hacemos un llamado al Estado Venezolano a cumplir el mandato constitucional de velar y hacer valer a toda persona sin discriminación alguna sus Derechos Humanos; además, exhortamos a garantizar a este joven con discapacidad sus derechos contemplados en la Constitución”, dice un comunicado difundido por las organizaciones.
Los defensores de derechos humanos recordaron que el Código Penal Venezolano, en su artículo 62, establece claramente que las personas con “enfermedades mentales suficientes” no pueden ser imputados bajo ningún contexto.
Flores se encuentra detenido en la ciudad de Coro, a tres horas de su residencia. Provea señala que a la familia del joven detenido se le complica llevarle comida al centro de detención preventiva donde se encuentra encarcelado.
No ha sido el único
Flores no ha sido la única persona con alguna discapacidad detenida por los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
El pasado 28 de mayo, Luis Ernesto Pérez Luna, de 26 años de edad, fue excarcelado tras pasar 20 días detenido por protestar en la población de El Tocuyo, estado Lara, contra las fallas de energía eléctrica que afectan a la región.
Pérez Luna estaba recluido en una comandancia policial de Barquisimeto, estado Lara. A pesar de su evidente discapacidad, la jueza séptima de control, Ana Tovar, lo privó de libertad.
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