La censura, la autocensura, la compra de medios, la agresión intimidación y el hostigamiento, son apenas unos de los elementos que entorpecen el trabajo de la prensa en los últimos años.
De acuerdo al informe 2015 de la Organización No Gubernamental Espacio Público, entre enero y diciembre de 2015 hubo 284 violaciones a la libertad de expresión. Aunque el número presenta una reducción de 50,43% con respecto al 2014 (fecha en la que se realizaron las protestas estudiantiles de febrero y marzo), sigue siendo preocupante para los especialistas.
“2015 se ubicó como el tercer año con mayor cantidad de denuncias de violaciones a la libertad de expresión en 14 años de registro, después de 2014 y 2009, en primer y segundo lugar, respectivamente. Estos tres años representan el 34% del total de casos registrados desde el año 2002”, reza el texto difundido por la ONG.
Para Espacio Público, las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre fueron el contexto en el que aumentaron considerablemente las violaciones a la libertad de expresión. En tan solo cuatro días (del 2 de diciembre al 6 de diciembre) se contabilizaron 38 casos: 31 de intimidaciones, 4 amenazas y tres agresiones. Una de ellas corresponde al periodista de Efecto Cocuyo, Irving Briceño Pérez, quien fue agredido en las inmediaciones del Seguro Social de Antímano el 6 de diciembre, cuando las mesas electorales estaban cerrando.
En el informe de violaciones a la libertad de expresión de 2015, los cuerpos de seguridad encabezaron la lista de victimarios. 65 de los 239 casos registrados fueron ejecutados por ellos. Pero, los funcionarios públicos también tienen su cuota de responsabilidad: Se registraron 53 casos y el funcionario que fue nombrado con más frecuencia fue Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional.
“El 39,62%, es decir, 21 de 53 arremetidas contra la libertad de expresión por parte de funcionarios fueron ejecutadas por Cabello, entre descalificaciones públicas y demandas judiciales contra medios de comunicación y periodistas” se lee en el informe de Espacio Público.
Ante todo el escenario que se planteó en 2015, la ONG recomienda que para 2016 se garantice la independencia de Conatel y otros entes públicos que contribuyan a que existan medios de comunicación plurales. Que se garantice la seguridad del personal de prensa durante el desempeño de sus labores. Que el Estado cumpla con las obligaciones adquiridas en convenios internacional en materia de libertad de expresión y que se promueva una política pública centrada en el acceso a la información.