La condena a cuatro años de prisión dictada contra el director del Correo del Caroní, David Natera Febres, por darle cobertura periodística al caso de corrupción de Ferrominera Orinoco, da pie al hostigamiento judicial contra los medios de comunicación, alertó el presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía.
“El CNP rechaza contundentemente esta sentencia por un trabajo de investigación realizado sobre la corrupción de Ferrominera. Este madrugonazo judicial ampara una vez más la censura y pone en grave peligro el trabajo periodístico de todos los medios impresos y radioeléctricos”, manifestó.
La sentencia se produjo mientras el semanario realizaba una investigación sobre la masacre de mineros que denuncian familiares en Tumeremo, estado Bolívar, por lo que el gremio periodístico presume que busca “acallar y distraer la atención del caso”. “Es muy capcioso que justamente salga esta sentencia en el momento en que se produce esta masacre de mineros, buscan distraer la atención de los periodistas y enviar un mensaje de miedo a los editores para que se vean obligados a tener mucho cuidado con lo que se investiga y se diga. Hay un ataque permanente a los medios porque estamos obligados a buscar la verdad”, dijo.
Las 26 seccionales del CNP esperan conocer más información de los trabajadores del Correo de Caroní para definir las acciones que llevarán a cabo, informó Guía.
El investigador y experto en comunicación y democracia, Andrés Cañizalez, afirmó que es “preocupante que los tribunales sean diligentes para sancionar a un medio solo por informar y no a los responsables que fueron denunciados por corrupción”.
Destacó que la sentencia se dictó en la madrugada, un elemento que consideró está asociado a la opacidad con la que el órgano judicial quiere que se maneje el caso.
En su opinión, es un precedente que limita el ejercicio de la democracia en el país. “Esto envía un mensaje de miedo que busca constituir un modelo de desinformación para aquellos temas que resulten incómodos para el Gobierno, buscan acallar las voces críticas y esto limita la democracia”.
Recordó la demanda que hizo el diputado Diosdado Cabello contra los diarios Tal Cual y El Nacional y el portal La Patilla por replicar la información de un medio internacional que lo vinculaba con una red de narcotráfico, denuncia que fue admitida por el Tribunal Supremo de Justicia y devino en una orden de prohibición de salida del país para los directores de estos medios.
“La información es un mecanismo de presión, mientras más se de a conocer lo que está ocurriendo con el Correo del Caroní más presión habrá sobre las instituciones. Este medio también puede acudir a instancia internacionales como Reporteros Sin Fronteras y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar”, señaló Cañizalez.
La ONG Espacio Público y el Insituto de Prensa y Sociedad (Ipys) también fijaron posición:
? La información pública permite conocer con transparencia la gestión de los entes gubernamentales y del Estado. #PuebloPregunta
— Espacio Público (@espaciopublico) March 11, 2016
.@espaciopublico exige cese de hostigamiento judicial contra medios independientes. https://t.co/q2hYM0Z5oX pic.twitter.com/MkLPuVObim
— Correo del Caroní (@CorreodelCaroni) March 11, 2016
Según la demanda de Mustafá de 2013, la sentencia hoy podría derivar en prohibiciones no sólo para @CorreodelCaroni sino para otros medios
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 11, 2016
Desde 2013, Ipys Venezuela ha insistido que la demanda contra @CorreodelCaroni es abusiva y significa un riesgo para el periodismo
— IPYS Venezuela (@ipysvenezuela) March 11, 2016