La interrupción del embarazo por parte de la mujer -el llamado aborto voluntario- es un tema controversial. Por un lado, es un derecho que claman mujeres (y hombres) e instituciones en todo el mundo, y ya se ha logrado en varias partes. Por el otro, hay férrea oposición de mujeres (y hombres) e instituciones en todo el mundo, básicamente, por cuestiones morales.
El embarazo como problema
Un embarazo puede ser deseado. Por fortuna, así son la mayoría. Inclusive, puede ser la meta máxima, la realización, de una mujer y de un hombre. Se disfruta la búsqueda, la noticia, el embarazo, el parto, la crianza y sigue un largo cuento de quien nació. Pero también puede ser que el embarazo no sea deseado y es un problema. No es cualquier cosa, es un grave problema.
Un embarazo no deseado altera la vida de la mujer, la de su pareja -si fuera el caso- y la de su familia. En el menos complicado de los casos se trata de que la mujer o la pareja no quiere tener ese hijo o hija. Fallaron los cálculos o el método anticonceptivo, o no se planteó su uso. Eso puede ocurrir. De esa forma, el embarazo es un accidente y hay que decidir entre continuar con un embarazo que pesa y lo que viene, o no continuar.
Hay embarazos no deseados que no lo son por falla de cálculo o mal uso del anticonceptivo, sino consecuencia de una relación sexual no deseada, en un momento de vida inadecuado, una violación, el padre no asume la responsabilidad, la edad de la madre. Además de otros factores que complican ese embarazo, como la situación económica de la familia o el número de hijos e hijas ya existentes. En fin, complicaciones de fuerza mayor.
El aborto como solución
Cuando el embarazo es indeseado, la madre sola o en pareja, puede pensar en interrumpirlo, abortar, como una solución al problema. Esa no es una decisión fácil, ni alegre. Cuesta mucho tomarla por las implicaciones de riesgo físico, emocionales y morales, lo cual se reduce si el aborto es legal y hay servicios estales que lo atiendan.
Los detractores del aborto voluntario exigen que se obligue a mantener un embarazo indeseado, prácticamente como un castigo para la mujer que no supo cuidarse o, lo que es peor, que intenta violar las leyes sagradas. Cuestión de otros mundos, de otros tiempos.
Prohibir el aborto no impide que se cometa, sino que obliga a la mujer a ejecutarlo clandestinamente, ya sea pagando altos costos -si sus recursos lo permiten- o ponerse en manos de personas no capacitadas, a veces, la misma mujer. Siendo así, ella se puede malograr e, inclusive, morir. Como sucede a las mujeres en donde el aborto es prohibido. El aborto ilegal es un problema de salud publica y evidencia la desigualdad social que se manifiesta en otros planos.
El aborto en Latinoamérica
Así como el aborto clandestino evidencia la desigualdad social que impera en todo el mundo, también expresa la vulneración de derechos civiles de la mujer, particularmente.
Aunque algunas personas e instituciones digan que el aborto es una barbarie, los países más desarrollados socialmente, donde el concepto de libertad individual y democracia se expresa más francamente, en esos que quisiéramos vivir, el aborto es legal.
Lamentablemente, Latinoamérica es una de las regiones más atrasadas en materia de derechos civiles y, en particular, los que tienen que ver con derechos sexuales en todos sus aspectos, incluyendo el del aborto voluntario. Solo en pocos países, Uruguay, Cuba, Guyana y Puerto Rico, el aborto es legal, sin cortapisas. En Argentina y Chile ha habido recientes avances en la legislación sobre la salud reproductiva, mientras que Venezuela, junto a Paraguay, Guatemala, Perú y Costa Rica tienen de las legislaciones más atrasadas de la región en esa materia.
Caminos verdes hacia una ley libertaria
En casi todos los países de Latinoamérica, las mujeres, agobiadas porque sus vidas corren peligro si deciden interrumpir un embarazo, claman, cada vez con más fuerza, por los llamados caminos verdes, por el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo y su familia. El derecho a interrumpir un embarazo indeseado en condiciones que no aumenten su sufrimiento.
En Venezuela, en particular, se exige una Ley donde el aborto voluntario sea considerado parte de la salud integral de la mujer, que haga obligatoria, amplíe y optimice la educación sexual a todos los niveles y por todos los medios, con miras a que la población esté mejor informada sobre los métodos anticonceptivos y que comprometa al Estado a suministrarlos a quien los requiera. Asimismo, que amplíe el derecho al aborto para que no haya más muertes por esta causa.
La exigencia de una ley sobre la interrupción del embarazo no está haciendo del aborto un método anticonceptivo, como manipulan quienes se oponen a esa legislación. Lo que busca esa ley es que la mujer que se vea obligada a interrumpir un embarazo por circunstancias personales, cuente con recursos sanitarios que le permitan aminorar los riesgos de complicaciones de salud.
Al fin y al cabo, el derecho a interrumpir el embarazo es uno de los derechos que hace a las personas, a la sociedad más libre.
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