Le tocó el turno a Venezuela de hablar de Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por un lado, el Estado Venezolano defendiendo lo que, a su juicio, han sido las políticas en la materia; y por el otro diversas Organizaciones No Gubernamentales que expusieron, desde diversas aristas, la actuación del Gobierno en Derechos Humanos.
Espacio Público, el Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (Ovcs), el Foro Penal Venezolano y Cejil (ONG internacional) denunciaron la falta de voluntad de Venezuela de acatar las recomendaciones de la CIDH y de constante ataque a quienes se atreven a denunciar ante los organismos internacionales.
Los voceros de las diferentes ONG venezolanas expusieron que no existen mecanismos para el acceso a la información pública, que la crisis por el desabastecimiento de papel periódico es cada vez más aguda con el cierre de al menos 22 medios impresos, que el malestar social crece y se contabilizan diversas protestas por la exigencia de derechos económicos, sociales y culturales.
Marco Ponce, del Ovcs, refirió que han aumentado los saqueos e intentos de saqueo en vista del desabastecimiento. “Parece que el presidente Maduro lleva a Venezuela a un estallido social”, dijo.
La contraposición
Una pequeña representación de Venezuela encabezada por Bernardo Álvarez, embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, y Larry Devoe, expuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el rol del Estado venezolano en materia de Derechos Humanos. este lunes, 4 de abril.
Como principal logro, los voceros del Estado venezolano expusieron el plan de Derechos Humanos aprobado para el período 2016-2019 y la sanción, durante el año 2015, de la Ley Especial para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles. No obstante, allá, en Washington, denunciaron el peligro que, desde su punto de vista, implica la recién sancionada Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
“Hay una grave amenaza que se gesta desde un poder del Estado que goza de autonomía e independencia y nos referimos al proyecto de Ley de Amnistía que fue sancionado por la mayoría de la Asamblea Nacional. Esta ley busca dar amnistía a una serie de delitos y pretende acabar con la impunidad de una gama de delitos desde el año 1999 hasta que entre en vigencia. Los delitos de hoy estarían amnistiados”, refirió Devoe.
Los representantes del Estado criticaron que se incluyan delitos como narcotráfico, asociación para delinquir y terrorismo en la norma jurídica. Devoe dijo que la Ley de Amnistía fue aprobada por los mismos grupos políticos que promovieron en el 2014 la llamada “Salida”, en la que murieron 43 personas.
La respuesta de la Sociedad Civil sobre los planteamiento del Estado ante la Ley de Amnistía, llegaron de voz de Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. Señaló que la ley solo busca una fórmula de emergencia ante lo que el Estado no responde que es la liberación de los presos políticos.
“Pareciera que las victimas que menciona el Estado son las que les convienen. Hay 82 presos políticos calificados por el Foro Penal; 3.785 detenidos por motivos políticos. 1.085 se encuentran con procesos judiciales pendientes. Hay 23 casos de enfermedades graves de presos políticos. Esa ley se redactó desde la víctima. Es falso que incluya delitos como narcotráfico, terrorismo y demás”, puntualizó Romero.
El relator de la CIDH para Venezuela, Francisco Eguiguren, refirió que espera ver a Venezuela incorporada, plenamente, en el sistema interamericano de Derechos Humanos. “Encontrarán en mi esa postura abierta al diálogo, sabemos que se vive una situación bastante delicada en Venezuela, de aguda polarización y el mejor compromiso es a favor de la vigencia real de la democracia”.