La audiencia del Derecho a la Salud en Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) fue breve. El Consejo Nacional para la Defensa del Derecho Humano a la Salud, una red de organizaciones no gubernamentales, movimientos y colectivos sociales que poco ha trascendido en medios de comunicación, se debatió contra el Estado para denunciar los problemas del sector.
La neuróloga Flor Isabel Zambrano, directora de la organización, puntualizó que los temas que influyen en la crítica situación actual son, entre otros, la falta de personal médico especializado, el contrabando y acaparamiento de medicamentos subsidiados, la deuda con la industria farmacéutica por parte del Gobierno y la escasa producción de empresas estatales.
Pese a reconocer la escasez y las dificultades, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, reiteró que en el país no hay una crisis humanitaria que amerite ayuda internacional. “Lo manejan de una manera muy alegre e irresponsable, sin saber lo que es una crisis humanitaria (…) Eso no es lo que está ocurriendo”, dijo durante su participación.
La guerra económica resurgió como causa del problema asociado a la escasez de medicamentos, según señaló Larry Devoe, secretario ejecutivo de Venezuela en el Consejo Nacional de Derechos Humanos. La falta de divisas para el pago de materia prima y medicamentos provenientes laboratorios y empresas farmacéuticas extranjeras fueron destacados por el funcionario.
A pesar de no mencionar la declaración de crisis humanitaria en salud que realizó la Asamblea Nacional a mediados de febrero, sí mencionó el decreto la emergencia económica del presidente Nicolás Maduro con el que puede “tomar medidas para proteger los derechos de nuestra gente”, especificó.
El presidente Nicolás Maduro denunció públicamente, este domingo 3 de abril, cómo la línea 0-800 SaludYa sirvió para que una red de bachaqueros accediera a los medicamentos para la reventa. Según afirmó Devoe, esa denuncia es una importante muestra de que el “Estado hace uso de sus recursos disponibles para garantizar el derecho a la salud”. Incluso el embajador Álvarez indicó, luego de mencionar que el 70% de las 70 mil llamadas recibidas fueron útiles, se descubrió una mafia reciente.
“Hay una desorganización, el Estado debe detectar cuánto es necesario comprar, identificar cuáles son las mafias que impiden que los medicamentos lleguen a los ciudadanos, trabajar para acabar con la corrupción y vigilar el proceso de reparto de medicamentos”, explicó Zambrano luego de la audiencia según señaló la agencia EFE.