Este 4 de abril las organizaciones en defensa de los derechos humanos de Venezuela, Provea y Human Rights Watch, presentaron en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre los abusos de los cuerpos de seguridad cometidos durante la implementación de las Operaciones de Liberación y Protección al Pueblo (OLP).
Entre los números que sustentan la investigación presentada se encuentran: las 14.000 personas detenidas preventivamente versus las 100 que fueron imputadas; las 245 que murieron por presuntamente enfrentarse a las autoridades y 20 de estos casos recogidos por las dos ONG que demuestran que hubo ejecuciones extrajudiciales; las 17.000 viviendas allanadas sin orden judicial y las 9.756 casas demolidas, entre otras.
“No hemos visto ninguna operación de esta magnitud en América Latina”, denunció Rafael Uzcátegui, director de Provea, luego de narrar los hallazgos de la investigación que realizaron durante el primer semestre de ejecución de la OLP.
Para él y para José Miguel Vivancos, director de Human Rights Watch, la principal preocupación es la aparente intención del Gobierno venezolano de atacar la criminalidad y la inseguridad ciudadana con allanamientos masivos por fuerzas de seguridad policiales y militares a viviendas de sectores humildes y de bajos ingresos en distintas regiones del país.
“Hicimos un informe conjunto llamado ‘Poder sin límites‘, porque las evidencias que se han producido indican que hay gravísimas violaciones de derechos humanos en esos hechos y nadie rinde cuentas”, dijo Vivancos y expuso como ejemplo la desproporción de muertes de civiles (245) en comparación de los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.
Ante estas declaraciones, el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, explicó que los representantes del Estado expertos en el tema no habían podido asistir por la no renovación de visas. Sin embargo, negó que la violación de derechos humanos fuese una política premeditada del Gobierno. “Tenemos una visión humanista donde es inaceptable que estas cosas ocurran”, manifestó y aseguró que el informe presentado por las dos ONG sería revisado.
Larry Devoe, director ejecutivo del Plan Nacional de Derechos Humanos de Venezuela, precisó que las OLP surgen como respuesta del Gobierno a una de las mayores preocupaciones del venezolano: la inseguridad ciudadana. Refirió el caso de la delincuencia organizada que desplazó a habitantes de los edificios de Misión Vivienda.
El presidente de la CIDH, James Cavallaro, mostró interés en conocer la preparación de los funcionarios policiales y militares en materia de seguridad ciudadana y en la obtención de las cifras que mostraron los defensores de derechos humanos.
A esto, Devoe aseguró que los cuerpos policiales tienen una alta profesionalización e hizo énfasis en la educación que reciben en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes).
“La población de cualquier país latinoamericano que su principal problema es la seguridad y a veces a ciegas pide mano dura. Queremos reafirmar que al enfrentar al crimen organizado y responder a la inseguridad ciudadana se debe hacer con prácticas democráticas y respetuosas de derechos humanos. ¿Que es hacerlo todo más difícil?, puede ser. Pero no es democrático ni respeta los derechos humanos”, puntualizó Francisco Eguiguren, comisionado y relator de Venezuela.