Los grupos de derechos humanos Civicus, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad) y Espacio Público, denunciaron que las 40 recomendaciones que formuló la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al país en materia de derechos humanos, Venezuela solo implementó parcialmente siete, ignorando las 33 restantes.
«Las organizaciones presentaron un informe en el que se constató que, desde 2016, Venezuela no ha abordado de forma decidida las restricciones injustificadas al espacio cívico, en particular las relacionadas con el derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. De las 40 recomendaciones recibidas, Venezuela solo implementó parcialmente siete y no implementó 33», indica el manifiesto de las organizaciones.
La organizaciones señalan que el Estado Venezolano ha utilizado la Ley «contra el odio», Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional de 2010 y las disposiciones sobre difamación del Código Penal para restringir la actuación de las organizaciones de la sociedad civil y criminalizar las críticas a las autoridades.
En cuando a la ley «contra el odio», advierten que «desde que se promulgó, al menos 42 personas han sido procesadas en virtud de sus disposiciones, entre ellas defensores de los derechos humanos, periodistas, manifestantes, trabajadores sanitarios y personas que expresaron su descontento en las redes sociales».
«A pesar de los compromisos con la libertad de expresión garantizados en la Constitución, se han generalizado las tácticas para reducir la prensa independiente, como el ahogo financiero, la cancelación de licencias de emisión, la confiscación de equipos y la censura», denuncian.
Además, recuerdan que entre 2016 y 2020, Venezuela ha experimentado oleadas de manifestaciones masivas y frecuentes protestas sociales de carácter local para exigir una serie de derechos, las cuales han sido respondidas con una brutal represión, con un uso excesivo y sistemático de la fuerza por parte de los agentes de seguridad contra los manifestantes.
Solo en 2017, al menos 120 personas murieron y 5.000 fueron detenidas en las protestas masivas desencadenadas por una crisis constitucional después de que el gobierno y el máximo tribunal del país desautorizaran a la Asamblea Nacional. En este periodo, «la respuesta a las protestas se caracterizó por un patrón de violaciones que incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales».
Por eso, Civicus, Redlad y Espacio Público instan a los Estados a formular recomendaciones a Venezuela que, de aplicarse, garantizarían las libertades de asociación, reunión pacífica y expresión, y el deber de protección del Estado. Entre las principales recomendaciones a realizar se encuentran:
- Poner fin a las acciones de suspensión y cierre de organizaciones de la sociedad civil y eliminar todas las restricciones injustificadas que impiden que puedan recibir financiación internacional y nacional.
- Proporcionar un entorno seguro a los miembros de la sociedad civil, a las personas defensoras de los derechos humanos así como a los periodistas para que puedan llevar a cabo su trabajo y garantizar que puedan desarrollar sus actividades legítimas sin miedo ni obstáculos indebidos, obstrucciones o acoso legal y administrativo.
- Revisar y modificar las leyes para eliminar las restricciones injustificadas a la sociedad civil y a la prensa, incluida la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional y los artículos del Código Penal sobre la difamación penal.
- Derogar la ley «contra el odio» y poner en libertad de forma inmediata e incondicional a todas las personas detenidas en virtud de dicha ley por ejercer sus derechos fundamentales.
- Restablecer todos los medios de comunicación que han sido cerrados injustificadamente y poner fin a las prácticas de confiscación de equipos y materiales y de censura de los medios de comunicación.
- Investigar de forma inmediata e imparcial todos los casos de ejecuciones extrajudiciales y de uso excesivo de la fuerza cometidos por las fuerzas de seguridad en el contexto de las protestas. Facilitar el recurso a la revisión judicial y la reparación efectiva a las víctimas.
La actuación del gobierno venezolano será evaluada por la ONU en el Examen Periódico Universal (EPU) de Venezuela, el cual tuvo lugar este martes 25 de enero, durante la 40ª sesión del EPU.
El EPU es un proceso que se realiza desde 2008 y que examina el historial de derechos humanos de los 193 Estados miembros de la ONU cada cuatro años y medio. El examen es un diálogo interactivo entre la delegación del Estado y los miembros del Consejo y aborda una amplia gama de temas de derechos humanos. En esta oportunidad también se revisó el historial de derechos de otros 11 países, entre ellos Haití, Siria y Zimbabue.
Tras el examen, se preparan un informe y unas recomendaciones que se debaten y adoptan en la siguiente sesión del Consejo de Derechos Humanos (Junio 2022).