El partido opositor Primero Justicia demandó que se retome «cuanto antes» el diálogo en México, entre el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria que representa a Juan Guaidó.
Este martes 8 de marzo emitieron un comunicado en el que fijaron posición tras la reunión entre representantes de la administración de Joe Biden y del chavismo, que tuvo lugar en Miraflores el pasado fin de semana.
«Apostamos a que se retome cuanto antes el proceso de negociación en México entre el régimen de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de Venezuela, en los términos del memorando de entendimiento suscrito por las partes el 13 de agosto de 2021», dice el texto que dieron a conocer en sus redes sociales.
Abogaron por que se logren mejores garantías para unas elecciones presidenciales «libres y competitivas».
Llamaron a que se adopten las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, que entre octubre y los primeros días de diciembre estuvo en el país para presenciar los comicios regionales y municipales del 21 de noviembre.
«Agradecemos el apoyo respetuoso de la comunidad internacional -incluido los Estados Unidos, la Unión Europea y los 19 países que suscribieron el acuerdo conjunto del 12 de febrero de 2022- y a la obtención de mejores condiciones electorales y políticas para la celebración de elecciones presidenciales libres«.
Petróleo y política
Este lunes 7 de marzo el gobierno de Maduro reconoció el encuentro con los funcionarios de Biden, al tiempo que anunció un relanzamiento, o «reformateo» como definió al diálogo en México, en el que incluirían a otros sectores de la oposición, aunque no dio más detalles.
La reunión, la de más alto nivel desde hace más de tres años entre la Casa Blanca y Miraflores, se produce en el contexto de la invasión rusa a Ucrania y la necesidad de Estados Unidos de suplir con otros mercados, el petróleo que compraba a la Rusia de Vladimir Putin.
El diálogo en México entre las dos partes se paralizó por decisión del chavismo, tras la extradición de Alex Saab, de Cabo Verde a Estados Unidos, una decisión que Miraflores calificó como una «patada» al proceso por parte de la Casa Blanca y sus aliados en Venezuela.