El contralor general de la República designado por la Constituyente de 2017, Elvis Amoroso, presentó ante la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) de 2020 la rendición de cuentas del año 2021.
Desde la tribuna de oradores del Palacio Federal Legislativo el funcionario dio cuenta de 179 inhabilitaciones políticas contra funcionarios, entre ellos diputados opositores de 2015, por haber incurrido supuestamente en actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y no presentar declaración jurada de patrimonio.
En alusión a los parlamentarios de oposición, Amoroso informó que la Contraloría ya «tiene adelantada» la investigación sobre la gestión de la AN de 2015, presidida desde 2019 por Juan Guaidó. Amoroso, anunció que solicitará «de una vez por todas, estén tras las rejas».
Agregó que la semana que viene acudirá a la Fiscalía General a solicitar acciones penales.
«Tienen que ser sancionados este mismo año los señores que cometieron actos de corrupción en Monómeros con la complicidad de Iván Duque (presidente de Colombia)», advirtió.
«No hemos dejado de actuar»
No es la primera vez que desde el Parlamento con mayoría del chavismo se formulan amenazas contra los diputados de 2015, al punto que en más de una ocasión la primera vicepresidenta de la AN de 2020, Iris Varela se ha quejado de «impunidad» por la falta de actuación de la Fiscalía.
El presidente de la AN de 277 parlamentarios, Jorge Rodríguez, intervino al culminar Amoroso para ordenar que se le entregara al contralor el informe sobre supuestos hechos de corrupción durante la gestión del Parlamento de mayoría opositora para el período 2016-2020, aprobado en plenaria el pasado 3 de marzo.
«No hemos dejado de actuar en ningún momento», aseguró. También se preguntó cuándo el Congreso de EEUU comenzará a investigar sobre los recursos entregados a la oposición para «supuesta» ayuda humanitaria, los cuáles señaló, no sirvieron para otra cosa que comprar y alquilar apartamentos en ciudades del mundo como Madrid.
Asegura que actuará contra comercios que especulen
Amoroso dijo que solicitará una reunión con el Parlamento y las autoridades gubernamentales, para tomar medidas contra los comercios que rechazan el pago en dólares en efectivo, para eludir el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.
El funcionario aseguró que algunos comerciantes «causan daño patrimonial» a la República cuando cobran los bolívares a una tasa superior al dólar establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).
Adelantó que serán obligados a colocar en sus puertas la tasa oficial del ente emisor.
«Pueden ser sancionados, no se van a enriquecer, vamos a actuar, vamos a ayudar al jefe de Estado y de gobierno, no podemos permitir que se nos vaya de las manos el crecimiento económico de este país por culpa de unos corruptos en complicidad con algunos funcionarios del Estado y empresarios privados», advirtió.
Por último, la plenaria aprobó un acuerdo para exigir a la justicia de EEUU respeto a la condición de diplomático del empresario colombiano, Alex Saab, otorgada por el gobierno de Nicolás Maduro.