La Asamblea Nacional (AN) de 2015 rechazó el anuncio del contralor general designado por la Constituyente, Elvis Amoroso, según el cual la semana que viene acudirá a la Fiscalía para solicitar acciones penales contra diputados opositores, encabezados por Juan Guaidó, por supuestos hechos de corrupción.
«La declaración del señor Amoroso, sancionado por el Departamento del Tesoro de los EEUU por prestarse al fraude de la ilegítima Constituyente, forma parte del patrón sistemático de persecución política contra el liderazgo de la oposición en Venezuela, como lo han documentado y denunciado exhaustivamente los informes de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet», señala un comunicado.
Desde el interinato y la AN de 2015 se alerta a la comunidad internacional «que si en los próximos días le sucediese algo al presidente (E) Juan Guaidó o a alguno de los diputados de la Asamblea Nacional, sería bajo la responsabilidad del dictador Nicolás Maduro».
Amoroso solicitará a la Fiscalía acciones contra diputados de 2015
Piden a la CPI «tomar nota»
Durante la presentación de su informe de gestión 2021 ante la plenaria del Parlamento con mayoría del Psuv, este miércoles 6 de abril, Amoroso advirtió que quienes incurrieron en ilícitos durante la gestión de la AN de 2016 al 2020 deben ser sancionados «este mismo año».
«Así actúa la dictadura en Venezuela: por un lado, simula una renovación dentro del Tribunal Supremo de Justicia que busca evadir la justicia y evitar que se investigue a la cadena de mando por crímenes de lesa humanidad; y, por otro lado, esta misma cadena de mando persigue, hostiga y amedrenta a diputados de la oposición democrática desde el canal del Estado. Ese es su modus operandi», rechaza la AN de 2015.
Los parlamentarios opositores piden además a la oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) se instalará en Caracas a tomar nota «de los abusos» de la administración de Maduro y del resto de los Poderes Públicos a los que consideran ilegítimos.
«Esta declaración (de Amoroso) evidencia lo que desde la legítima AN hemos denunciado por años: la inexistencia de Estado de Derecho, independencia judicial y garantías en el ejercicio de los derechos civiles y políticos en Venezuela. La dictadura usa los tribunales de la República como su bufete personal para perseguir a quienes piensan distinto, en lugar de ponerlos al servicio de la ciudadanía y la justicia», agrega el comunicado divulgado este 7 de abril.