En cinco meses de gestión, la nueva Asamblea Nacional (AN), con mayoría opositora, ha exigido explicaciones a representantes y miembros del gabinete del Gobierno acerca de diversos temas de interés nacional. Sin embargo, el silencio ha sido la respuesta de ministros, ex ministros, gobernadores y presidentes de empresas públicas interpelados por la AN.
Personalidades del Ministerio de Alimentación, Ministerio de Asuntos Penitenciarios, Banco Central de Venezuela, Cadivi, entre otros, han sido convocados para ser interpelados y no han asistido a rendir cuentas en el Palacio Legislativo.
Otro dato de la gestión de la Asamblea Nacional es que en relación con la gestión anterior, representada por Diosdado Cabello, la Asamblea Nacional ha realizado 42 sesiones en plenaria, lo que representa un incremento de 280% en comparación con el año 2015, según datos de Transparencia Venezuela.
Los primeros cinco meses de gestión de la Asamblea Nacional han sido de arduo trabajo, entre cumplir sus funciones propias de contraloría como parlamento y hacer frente a al menos 14 sentencias judiciales del TSJ en su contra que buscan limitar sus funciones, incluso desde antes de su instalación.
Doce sentencias han sido firmadas por la Sala Constitucional, mientras que las otras dos corresponden a la Sala Electoral. Los ataques del órgano judicial en contra del Poder Legislativo iniciaron desde antes de la juramentación de los diputados electos cuando se ordenó suspender las proclamaciones de los cuatros diputados electos por el estado Amazonas. Además, suprimió facultades de control político y negó la posibilidad de revisar la designación de los magistrados de 2015.
