La reciente detención de funcionarios del sistema de justicia implicados presuntamente en delitos asociados a bandas del crimen organizado cuestiona la transparencia y la imparcialidad del sistema judicial venezolano.
El fiscal general designado por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, anunció el pasado 24 de enero la detención del fiscal Renny Amundaraín y la del defensor público Adys Salcedo.
Saab también solicitó la aprehensión de Emily Pacheco, auditora interna de la Defensoría, por presuntamente haber recibido dinero de la megabanda Tren de Aragua.
El lunes 29 de enero, informó la detención de la fiscal Roimar Contreras, para ser investigada por los presuntos delitos de retraso u omisión intencional de funciones, construcción para obtener sumas de dinero y suposición de valimiento.
Según Saab, Contreras exigía a representantes de un colegio grandes cantidades de dinero en divisas para no desfavorecerlos en una investigación, y exigía además el pago del alquiler de un apartamento.
Según dijo, con la detención de Contreras “el proceso de depuración de corruptos”, que lleva a cabo el Ministerio Público, alcanza la cifra de 413 funcionarios procesados, desde que Saab está a cargo de la Fiscalía.
Los funcionarios del sistema de justicia implicados con bandas
Renny Amundaraín: exfiscal del Ministerio Público en Venezuela, ha participado en diversos casos judiciales, generando controversia, especialmente en el ámbito de los derechos humanos. Su implicación en investigaciones de alto perfil, como la muerte en custodia de Raúl Isaías Baduel y el caso contra Javier Tarazona.
Amundaraín también ha enfrentado críticas por su participación en casos polémicos, como el del asesinato del profesor universitario Carlos Lanz, en el que se emitió una condena por homicidio sin prueba concluyente.
Su rol en la detención del politólogo Nicmer Evans y del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona, ha alimentado las críticas sobre su actuación en situaciones que involucran a figuras políticas y defensores de derechos humanos.
El exvicefiscal Zair Mundaray ha recordado públicamente los casos en los que Amundaraín estuvo involucrado, incluyendo alegaciones de mantener contactos con «pranes» y vender información sobre los casos.
Adys Salcedo: exdefensor vinculado a la trama de corrupción denunciada por Saab, mantiene un perfil en gran medida desconocido. Su presencia ha sido constante en situaciones donde se obstaculizaba la designación de defensa privada en procesos judiciales dirigidos contra presos políticos opositores. Este patrón se repitió en diversos casos, incluyendo su participación en la llamada «Operación Gedeón».
En esta operación y en eventos más recientes, Salcedo ha figurado como defensor en procesos judiciales. Se destaca su participación en la defensa del presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela (Fenatev) en Barinas, Víctor Venegas. Aunque su presencia ha sido recurrente, detalles adicionales sobre su trayectoria y actividades permanecen limitados en la esfera pública.
Yuhgeilin Emily Pacheco Martínez (prófuga), graduada en Derecho por la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en 2013, realizó sus estudios en la sede de Ocumare del Tuy, estado Miranda. Su carrera incluye el cargo de auditora interna en la Defensa Pública. En 2019, fue designada auditora interventora de la Unidad de Auditoría Interna de la Defensa Pública, según lo publicado en la Gaceta Oficial 41.615.
La información sobre su desempeño en el organismo es limitada. Sin embargo, se registra su participación como defensora en un caso de extradición a República Checa, según datos del portal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Los jueces
José Mascimino Márquez estaba a cargo del Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana de Caracas, fue detenido por la Policía Nacional Contra la Corrupción.
Conocido por su reputación como uno de los jueces más firmes al tomar decisiones contra opositores al gobierno chavista, la detención de Márquez está extraoficialmente vinculada a la liberación de Oswaldo José Cheremos Carrasquel, alias Pelón Cheremos, miembro de la megabanda Tren del Llano, el 9 de enero de 2023.
Se sugiere que la liberación de Cheremos Carrasquel fue instruida por Mario Aquino, asistente del Circuito Judicial Penal de Caracas, quien presuntamente transmitió un mensaje a través de WhatsApp al juez Márquez García para que decretara el juicio en libertad del imputado por tráfico de armas de guerra y otros delitos.
El 15 de febrero de 2023, alias pelón Cheremos fue recapturado en la sede de los tribunales en Caracas y reveló a funcionarios policiales que pagó 240 mil dólares para obtener la medida sustitutiva de libertad.
Cristóbal Cornieles Perret es un abogado que fue destituido como presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, el el 17 de marzo 2023, tras enfrentar un proceso legal por presuntos delitos relacionados con la corrupción.
Aunque el Gobierno no reveló públicamente los detalles del caso que condujo a su detención, fuentes no oficiales indican que podría estar relacionado con la liberación de alias «pelón Cheremos», un miembro de la megabanda del Tren del Llano.
La confirmación de la detención de Cornieles Perret y su vinculación con actos de corrupción y malversación de fondos se realizó a través del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Además de su papel como presidente del Circuito Judicial Penal, el abogado también ha desempeñado roles como consultor jurídico de la Asamblea Nacional en 2020 y asesor legal de la extinta Asamblea Nacional Constituyente en 2017.
Revelaciones de abogados en tribunales sugieren que Cornieles era un individuo controvertido, con su asistente, Mario Aquino, quienes intervenían en audiencias con indicaciones directas a jueces.
Jorwis Bracho Gómez fue el tercer juez detenido en una operación policial dirigida a frenar presuntos actos de corrupción en Venezuela. Antes de su arresto, se desempeñaba como juez 1° de Control en el estado Falcón. La Policía Nacional Anticorrupción (Pncc) lo detuvo junto con otros colegas, José Mascimino Márquez García y Cristóbal Cornieles Perret.
Estas detenciones se realizaron en el marco de un operativo más amplio contra funcionarios públicos acusados de malversación de fondos y corrupción, que llevó a la renuncia del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y a revisar Pdvsa y el sistema de justicia venezolano.
Bracho Gómez fue arrestado el 17 de marzo de 2023, en Punto Fijo, estado Falcón, y trasladado a Caracas.
Bracho Gómez estuvo involucrado en un expediente por tráfico de drogas relacionado con Keyrineth Fernádez, alcaldesa del municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, y la exdiputada Taina González, ambas militantes del Psuv.
En enero de 2022, ambas fueron capturadas, en el municipio Zamora del estado Falcón, con más de 7 kilogramos de presunta cocaína en un vehículo, durante un operativo llamado «mano de hierro» que buscaba desmantelar una red de narcotráfico entre Zulia y Falcón.
Eladio Aponte Aponte, militar y abogado venezolano, fue magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designado por la Asamblea Nacional chavista en 2004, donde además presidió la Sala Penal.
Sin embargo, fue destituido del TSJ en marzo de 2012 por presuntas conexiones con Walid Makled, un narcotraficante extraditado a Venezuela desde Colombia, a pesar de estar también requerido por la justicia estadounidense. Makled acusó a Aponte Aponte de recibir sobornos.
La destitución se basó en la supuesta entrega de una credencial que acreditaba a Makled como funcionario judicial en Venezuela.
Aparte de sus vínculos con Makled, Aponte Aponte escribió una carta desde Costa Rica en abril de 2012 y confesó haber recibido órdenes del presidente Hugo Chávez para lograr la condena sin derecho de Iván Simonovis, exjefe de seguridad ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. También se le instruyó para sentenciar a los comisarios de la Policía Metropolitana, Henry Vivas y Lázaro Forero, acusados de los sucesos de abril de 2002.
Actualmente, el exmagistrado reside en Estados Unidos y ha colaborado con la DEA.