El informe Todo lo resuelvo a medias, publicado en la web de Acción Solidaria, recoge importantes testimonios y datos sobre las necesidades humanitarias de los venezolanos y las vulneraciones del derecho a la salud con especial foco en tres estados del país. Además, presenta una serie de recomendaciones y llamados al Estado venezolano para que atienda una crisis que se agudiza con los meses.
El estudio se realizó entre agosto de 2023 y febrero de 2024, a lo largo de lo cual fueron encuestadas 812 personas en Lara, 865 en Carabobo y 813 en Mérida para evaluar la situación en esas entidades.
La investigación, coordinada por Natasha Saturno, está disponible en la web oficial de esta organización no gubernamental. A continuación se enumeran algunos de los hallazgos sobre servicios de emergencia, desigualdad y prioridades de ayuda humanitaria.
El difícil acceso a la salud en Lara
De acuerdo con el informe de Acción Solidaria, la mayoría de la población larense depende del sistema sanitario público para atender cualquier situación o evento de salud, sea o no una emergencia.
«Todos los estándares que componen el derecho humano a la salud (disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad) están siendo vulnerados. Los datos revelan un colapso del sistema y muestran un escenario de precariedad para el goce de este derecho», explica el documento.
Entre las primera dificultades que enfrentan los habitantes de la entidad está la deficiencia de los servicios públicos y crisis de combustible, que impiden que puedan trasladarse con suficiente rapidez a los hospitales.
De las 812 personas encuestadas en el estado Lara, 80 % indicó que su primera opción para atenderse son los centros de salud públicos, donde existen tres grandes necesidades: que funcionen los servicios de laboratorios, acceso a medicinas y abastecimiento de insumos.
El 83 % de los entrevistados evaluó como deficiente o muy deficiente la disponibilidad de insumos o recursos, 82 % opinó lo mismo para los medicamentos y 81 % valoró de forma negativa los servicios de laboratorios actuales.
«El gasto de bolsillo en salud que deben hacer las personas que interactúan con el servicio de salud público en el estado Lara es desproporcionado. Contando con un ingreso promedio mensual de apenas 120 dólares, deben invertir en la compra de insumos médicos y medicamentos cada vez que van a un hospital», arrojó el informe.
Los larenses usan 49 % de sus ingresos mensuales para realizar estudios de laboratorio y exámenes especializados en clínicas. Aquellos que sufren enfermedades crónicas buscan apoyo en terceros, complementan con remedios naturales o toman los medicamentos que requieren un día sí y otro no, advierte la ONG. En estos casos, las personas con cáncer son los que se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad.
«La hipertensión, la diabetes y el asma son las condiciones de salud crónicas de mayor prevalencia entre las personas encuestadas en el estado Lara, y deben invertir en promedio 15 dólares mensuales para comprar las medicinas que requieren, lo que genera una carga económica importante en relación con su ingreso promedio mensual», explica Acción Solidaria.
Un sistema colapsado en Carabobo
La ONG asegura que en Carabobo los encuestados señalaron tener tres prioridades de gastos: alimentación, salud y servicios básicos. En este sentido, destinan sus ingresos a comprar alimentos y medicinas o cubrir eventos de salud, pero el estudio revela que «con el ingreso promedio no pueden ni siquiera cubrir uno de los rubros señalados».
“Lamentablemente, casi seis de cada diez personas encuestadas (59%) sobreviven con ingresos por debajo de los 100 dólares mensuales. Estos datos revelan la precaria situación económica de la población encuestada en el estado Carabobo, no es de extrañar que 46% señaló que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades de salud”, plantea el informe.
En los casos en los que los carabobeños tienen emergencias de salud, estos acuden en su mayoría a centros públicos y al menos siete de cada diez alegan que han sido atendidos en espacios inadecuados, como en la sala de espera, por ejemplo. Además, 29,68 % de los que acudieron al hospital no fueron atendidos de inmediato: 67 % señaló que tuvo que esperar más de media hora.
Así mismo, 44% de las personas consultadas dijo que hubo turnos en el centro asistencial donde los médicos o enfermeros no estaban disponibles. En el caso de aquellos que ingresaron a emergencias, 71 % fue atendido por el personal de enfermería, pero tuvo que aguardar a que llegara el médico especialista.
“Los adultos mayores son el grupo vulnerable estudiado que enfrenta el colapso del sistema sanitario público en condiciones de mayor precariedad, además de ser quienes más lo necesitan. Es el grupo que más depende económicamente de otras personas (66%) y el que más invierte en medicamentos mensualmente ($43); 90% sufren de condiciones crónicas de salud”, agrega el estudio.
También son el grupo que más emplea estrategias de supervivencia para acceder a bienes y servicios de salud: 72% adquiere alimentos más económicos, 43% pide prestado a familiares y/o amigos y 28% se priva de comprar alimentos, “para poder pagar las consultas médicas, comprar los medicamentos y hacerse los exámenes que necesitan”.
La crisis en Mérida
En Mérida nueve de cada diez personas encuestadas (85%) sobreviven con ingresos menores a 200 dólares mensuales. En este contexto, seis de cada diez personas señaló que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades de salud.
Al igual que en los estados anteriores, los entrevistados evaluaron de forma negativa las condiciones de los centros hospitalarios: “Al respecto, 70% de las personas consideró “Deficiente” o “Muy deficiente” la disponibilidad de servicios de ambulancia, 66% de las personas consideró lo mismo para la disponibilidad de medicamentos y 57% para la disponibilidad de insumos médicos”, señala la investigación.
El 74% de los usuarios encuestados indicaron que a la hora de recibir atención médica se les solicitaron insumos o medicamentos. Los recursos más requeridos van desde guantes y alcohol hasta kits quirúrgicos completos y se destaca la solicitud de fármacos para la atención quirúrgica, como anestesia y antibióticos.
Además, se observa una fuerte afectación en áreas como los servicios de laboratorio: un 74% señaló condiciones precarias, lo que vulnera el estándar de calidad y disponibilidad del derecho humano a la salud.
“En este mismo orden de ideas, 6% de las personas usuarias encuestadas indicó que le han solicitado dinero o pagos a cambio de recibir atención médica o para realizarse algún procedimiento médico. El promedio del dinero solicitado es elevado, 218 dólares lo que equivale a casi el doble de los ingresos promedios mensuales. Hubo casos donde personas indicaron que les fueron solicitados hasta 3000 dólares, muy probablemente para cubrir algún procedimiento quirúrgico”, señala Acción Solidaria.
En general, el gasto de bolsillo en salud para los usuarios del servicio público en Mérida es excesivo; es decir, un gasto catastrófico. Con un ingreso mensual promedio de 112 dólares aproximados, tienen que destinar una parte significativa de este dinero a la compra de insumos médicos y medicamentos en los hospitales.
Además, debido a la inoperatividad de los servicios de laboratorio y exámenes especializados en el sector público, casi el 60% de sus ingresos mensuales se destinan a estos estudios, llegando al 67% en el caso de personas con condiciones de salud crónicas.
Desigualdad de género en los tres estados
La desigualdad de género es alarmante en los tres estados presentados hasta ahora por la ONG. En Carabobo, dos de cada diez personas (20 %) ejerce labores de cuidados de tercero y, de ese número, 63 % son mujeres.
La cifra aumenta en Mérida, donde cuatro de cada diez encuestados (41%) ejerce labores de cuidado de terceros, y 55% de ese grupo son mujeres, “lo que confirma el estereotipo y rol de género de que es la mujer quien asume las labores de cuidado de otras personas, teniendo un impacto diferenciado y agravado para ellas”.
Igualmente, en el estado Lara, cuatro de cada diez (41%) ejerce labores de cuidado de terceras, ya sea como una labor compartida o como una labor exclusiva.
“En el caso de las personas cuidadoras que “Siempre” o “A veces” reconocieron recibir algún tipo de retribución, no sorprende que 42% señala que la retribución es únicamente social, es decir, halagos, buenos comentarios o apoyos de tipo no pecuniario. Las retribuciones únicamente económicas alcanzaron el 22%, y quienes recibían ambas un 36%”, advirtió la encuesta.
Puedes acceder al informe completo ingresando en este enlace.