La embajada de Estados Unidos para Venezuela emitió un comunicado en el que exige al gobierno de Nicolás Maduro la liberación de la abogada y activista, Rocío San Miguel; de los dirigentes políticos de Vente Venezuela, Henry Alviárez y Dignora Hernández; y de todos los presos políticos en el país.
“Exigimos la liberación de Rocío San Miguel, defensora de DDHH quien lleva casi 2 meses detenida, acusada sin el debido proceso. De los dos colaboradores del partido opositor venezolano Vente Venezuela, Henry Alviárez y Dignora Hernández y de todos los presos políticos en Venezuela”, escribió Francisco Palmieri en un tuit difundido a través de la cuenta de la embajada.
La exigencia de la Casa Blanca llega apenas unos días después de que se conociera que a San Miguel y Alejandro González de Canales los acusó la Fiscalía en ausencia de su defensa privada.
La información la dio a conocer el abogado defensor, Joel García, tras 52 días del encarcelamiento de la directora de la ONG Control Ciudadano.
“El Ministerio Público presentó acusación contra Rocío San Miguel y Alejandro González, violándosele el sagrado derecho a la defensa, pues no cuenta con defensa de su confianza y la defensa pública que tiene nunca los ha visitado ni realizado actuación alguna para defenderlos”, informó el jurista este lunes 1 de abril.
Qué pasa con San Miguel
A San Miguel la apresaron el 9 de febrero cuando se disponía a salir del país, junto a su hija Miranda Díaz San Miguel. Estuvo en desaparición forzada hasta su presentación en tribunal contra el terrorismo, donde la acusaron de diversos delitos por su supuesta participación en un plan conspirativo que el chavismo llamó «brazalete blanco».
Desde entonces ha estado sin defensa privada, pese a que la Constitución venezolana de 1999 garantiza que una persona privada de libertad tiene derecho a escoger a sus defensores.
Ni las denuncias o llamados de instancias de las Naciones Unidas o de ONG venezolanos, que exigen su liberación, denuncian la irregularidad de su detención y piden el respeto al debido proceso, han hecho que la justicia en el país le permita tener abogados privados.