La ONG Instituto de Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys Venezuela) denunció el deterioro de la libertad de prensa en el país, a propósito de la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Presentaron en el informe «Autocensura, huida o cárcel: en 2024 arreció la persecución contra la prensa» cómo después de las elecciones presidenciales del 28 de julio arreció la hostilidad contra las y los trabajadores de la prensa venezolanos.
El gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía que encabeza Tarek William Saab encarcelaron a 14 periodistas, 11 de ellos después de los comicios en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria de Nicolás Maduro, pese a que hasta el momento no presenta los resultados disgregados por centros de votación ni las actas.
Esto motivó una serie de protestas en el país que culminaron con la detención de más de 2 mil personas, entre ellas niños y adolescentes, así como trabajadores de medios de comunicación e instituciones públicas.
«Al 10 de diciembre de 2024, el Instituto Prensa y Sociedad documentó 566 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas en 380 casos denunciados que perjudicaron a un total de 260 trabajadores de la prensa: 155 hombres y 118 mujeres. Los reporteros fueron las principales víctimas, con 168 personas, seguidos por 16 directivos de medios; 15 camarógrafos; 15 reporteros gráficos, y 14 locutores», dice la organización no gubernamental en su balance.
Cierres de emisoras y bloqueos en internet
Destacan que por la persecución registraron el exilio o desplazamiento forzado que afectó a 27 reporteros y reporteras. También mencionan la deportación de 11 corresponsales de medios extranjeros que llegaron al país para cubrir las presidenciales.
«Como parte de estas estrategias que buscan silenciar espacios de información, hubo un incremento en los bloqueos digitales contra medios independientes, que alcanzó 39 espacios informativos». Algunos de esas medidas se produjeron durante la campaña electoral, que abarcó del 4 al 25 de julio, y después de la represión. «Las restricciones en internet , incluyendo bloqueos y ciberataques, sumaron 85 incidentes y las limitaciones de acceso a la información otros 58», destacó Ipys Venezuela.
Además suman el cierre de 20 estaciones de radio por órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (COnalte). El estado Lara fue donde más hubo este tipo de censura con cuatro emisoras; seguido por Zulia y Portuguesa con tres cada uno; Bolívar (2), Carabobo (2), Guárico (2), Aragua (1), Falcón (1), Trujillo (1) y Yaracuy (1).
Los responsables de los ataques a la prensa en el país fueron en su mayoría funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, a las órdenes de Maduro. El que más acumuló casos fue el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) con 23; otros fueron la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 19, y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Plan República con 18 cada uno.
Periodistas presos sin defensa privada
De las detenciones arbitrarias contra las y los periodistas señalan que «es uno de los mecanismos de silenciamiento más preocupantes registrados durante 2024, pues agrava los riesgos de ejercer el libre periodismo y los trabajadores de la prensa se inhiben de informar sobre asuntos de interés colectivo para resguardar su libertad».
«Entre el 29 de julio y el 28 de agosto funcionarios de seguridad del Estado arrestaron a: Yousnel Alvarado, reportero gráfico de Barinas; Joaquín de Ponte, periodista de Guárico, liberado el mismo día; Paúl León, camarógrafo de Trujillo; Deysi Peña, reportera gráfica de Miranda; Fernando Chuecos, reportero gráfico de Trujillo; Roland Carreño, periodista y dirigente político de Caracas; José Camero, periodista y dirigente político de Guárico; Gilberto Reina, editor de Bolívar, excarcelado; Ana Carolina Guaita, periodista de Vargas; Carmela Longo, periodista de Caracas, excarcelada, y Biagio Pilieri, periodista y dirigente político de Caracas», detallaron.
De este grupo, la ONG documentó que a Peña, León y Guaita los pasaron a juicio tras las respectivas audiencias preliminares. «Es decir, los jueces convalidaron las acusaciones fiscales en su contra y permanecerán presos». Los acusan de delitos como terrorismo que conlleva a penas de hasta 30 años de cárcel.
De los 10 encarcelados tras la represión poselectoral sólo a Gilberto Reina, editor de La Sapa del Orinoco, lo excarcelaron como parte de medidas unilaterales que decidieron la Fiscalía, Miraflores y el Tribunal Supremo de Justicia a mediados de noviembre pasado.
«A las personas periodistas detenidas durante 2024 se les ha negado el acceso a defensa privada. A nueve periodistas los presentaron ante tribunales con competencia en materia de terrorismo, y les imputaron delitos como incitación al odio y terrorismo, que acarrean penas superiores a los 10 años de cárcel. En cuanto al patrón de audiencias telemáticas, esto limita la posibilidad de que se escuche a los trabajadores de la prensa detenidos sobre cualquier irregularidad registrada en sus procesos», resume la ONG.
Esto sin contar con las aprehensiones previas al 28 de julio de Carlos Julio Rojas, Luis López y de Ismael Gabriel González.
Desplazamiento forzoso de trabajadores de la prensa
De los desplazamientos forzosos hay varios casos; algunos salieron por motivos de seguridad de las localidades o regiones donde viven; otros optaron por irse de Venezuela ante temores de sufrir encarcelamiento por parte de las autoridades.
«Estos desplazamientos, que los registros de IPYS Venezuela muestran como un patrón por primera vez en 2024, ocurren en medio de un entorno hostil de recrudecimiento de la criminalización del trabajo periodístico, las amenazas, la recurrencia del discurso estigmatizante por parte de altos funcionarios del gobierno, y el temor de ser objeto de detención arbitraria sin las garantías del debido proceso».
Además de los riesgos a su integridad física, la ONG destacó que estas personas sufrieron daños psicoemocionales.
«Periodistas víctimas de esta situación dijeron a IPYS Venezuela que experimentaron ansiedad e insomnio antes, durante y después de verse forzados a desplazarse. En nueve casos de los 27 registrados, los desplazamientos forzados implican que la persona periodista se ve obligada a separarse del grupo familiar. En los casos de periodistas con hijos en edad escolar y adolescentes, el impacto se puede extender a estos niños, niñas y adolescentes, pues sus actividades cotidianas se ven interrumpidas como consecuencia del resguardo y el traslado hacia otros lugares».
Amenazas judiciales de Saab
Ipys Venezuela no deja escapar las amenazas y persecución judicial que desde comienzos de este 2024 anunció el fiscal Tarek William Saab contra varios periodistas.
Los periodistas afectados por estas acciones fueron Sebastiana Barráez, Roberto Deniz, Ewald Scharfenberg, Claudia Macero y Orlando Avendaño.
También la reciente aprobación de la Ley Bolívar por parte de la Asamblea Nacional de 2020 que tiene penas contra medios de comunicación «e incluye disposiciones imprecisas que acarrean sanciones desproporcionadas a medios de comunicación, periodistas y cualquier persona que divulgue mensajes que puedan calificarse como promoción de las sanciones internacionales».