estrategias de sobrevivencia
Los parientes pueden llevar tres veces al día los alimentos a los detenidos. También se permite jabón corporal líquido, champú, papel higiénico y pasta dental. Todo en bolsas plásticas sin el envase usual. Familiares denunciaron arbitrariedad en el paso de la comida, decomiso de los alimentos por parte de los funcionarios y cobro de dinero por permitir productos prohibidos. También se quejaron de los maltratos físicos y de la poca higiene a la que están sometidos sus detenidos.

Durante nueve meses, Teresa (nombre ficticio) se levantó todos los días a las 3:00 am y viajó desde Mariara, estado Carabobo, hasta un calabozo policial en Caracas para asegurarse de que su hijo de 18 años de edad tuviera que comer, y para ello pagó 2.000 bolívares diarios. 

El hijo de Teresa es una de las 22.756 personas que en agosto de 2016 se encuentran recluidas en calabozos o celdas policiales y militares en el país, según el Defensor del Pueblo Tarek William Saab. Sitios que no tienen el tamaño adecuado para tantos detenidos porque no deberían pasar más de 72 horas allí, se convirtieron en hogares sin comida.

Por eso, sus parientes son los que deben llevarles los alimentos en horarios y diversidad específica, con normas de presentación que cambian según el cuerpo policial, al igual que las horas. En cinco sedes visitadas por Efecto Cocuyo en Caracas, la comida prohibida es: hamburguesas, salsas (ketchup, mayonesa, mostaza y afines), pollo y carne con hueso, arroz chino, dulces de cualquier clase, papas fritas y refrescos oscuros.

Los motivos para las restricciones es porque los alimentos ricos en azúcar pueden alterar el comportamiento de los presos, mientras que los huesos pueden ser afilados y usados como arma. En general se prohíben aquellos que no puedan ser visualizados con facilidad y se presten para esconder drogas.

“Sino cumples con eso te lo regresan o se lo comen ellos. A veces, los muchachos nos llaman y nos dicen que no le pasaron la comida en dos días o más. Por eso a veces uno tiene que pagarle a los policías”, indicó la novia de un detenido en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta.

Según familiares consultados, esta situación se repite en la Policía de Chacao y en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de El Rosal. En las celdas de la PNB de La Yaguara no, porque los reos se comunican inmediatamente con sus parientes y “comienzan a protestar”. Ninguno de los consultados quiso admitir cuánto debía pagar por la “matraca”, nombre coloquial de la extorsión.

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“Humildemente”

El joven, a quien Teresa pidió no se le nombrara, fue detenido en el estado Táchira cuando se encontraba en un hotel con dos amigos y otros tres conocidos en durante una OLP (Operación de Liberación y Protección al Pueblo).

“Les sembraron armas y 800 gramos de droga. Dijeron que era de la banda Los Urabeños. Ese muchacho ni sabe de paramilitares, terminaba el bachillerato”, dijo Teresa.

Arroz picado, mortadela frita, bofe, patas de pollo, sardinas, arepa y cambur guineo eran parte del menú que el dinero de la venta informal de la familia Carrillo podía costear para el joven detenido. Lo empaquetaba en envases desechables que debían marcar con el nombre de su hijo.

“Humildemente eso era lo que podía llevarle, porque no podía comprar siempre a los bachaqueros”, reflexionó la mujer.

Su rutina de vida, durante esos nueve meses, era pararse a las 3:00 am, cocinar las tres comidas del día para su hijo menor; salir hacia el terminal de Carabobo y viajar hasta el de Caracas. Si llegaba a las 10:15 am, los funcionarios del Cicpc no le permitían el paso de la comida.

El Defensor del Pueblo Tarek Saab divulgó en mayo que en las celdas policiales existen más de 3.000 personas ya sentenciadas que deberían de estar en las cárceles. No es el caso del hijo de Teresa, pues él aún no ha tenido su audiencia preliminar.

A principios de agosto, él y otros reos del Cicpc de El Rosal fueron trasladados a una cárcel, como dicta la ley. Sin embargo, las autoridades no cumplieron con la norma de recluir a las personas en centros cercanos al tribunal. Al hijo de Teresa lo llevaron a la Penitenciaria General de Venezuela (PGV) en Guárico.

El hacinamiento en las comisarías policiales disminuyó pero no por las políticas del Ministerio para Servicios Penitenciarios, sino a las exigencias de los presos de la PGV y del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón). Ahora tienen más reos para extorsionar semanalmente.

“Desde hace un mes no veía a mi hijo y apenas fue este fin de semana que pude visitarlo en a la PGV. Le llevé harina, arroz, sardinas, atún, azúcar y café. Eso le alcanzará para una semana. No pude llevarle más”, dijo con pesar la mujer.

El tour

Margarita (nombre ficticio) conoce las reglas de tres calabozos policiales: el de la PNB que está en Catia, el de Boleíta y el de La Yaguara. Su hijo de 29 años ha pasado por todos ellos en menos de seis meses, luego de que lo detuvieran en el kilómetro 13 de El Junquito, junto a otros cinco jóvenes.

Cuenta con la colaboración de su hermana y otros dos hijos para alimentar al detenido,  sin embargo, además del sacrificio para pagar el abogado privado (130.000 bolívares), tuvo que lidiar con la extorsión de los policías para evitar que lo trasladaran a un penal o al “inframundo” -celdas insalubres donde someten a torturas a los detenidos en la PNB de Boleíta-, tuvo que “bajarse de la mula” con 40.000 y 20.000 bolívares.

“Mi hija se fue a trabajar a Colombia y nos manda comida, pero hace unos días la despidieron. Mi otro hijo viaja para allá y se trae cosas. Con 40 mil bolívares se hace un mercado más o menos. Hay que salir de Caracas para encontrarlas”, aseveró Margarita.

Aunque tiene ayuda, confesó que pasan dos o tres días que no puede alimentar a su hijo detenido porque no tiene dinero. Esos días, el hombre compra galletas a otros detenidos o es ayudado por sus compañeros. En total contó al menos 10 días que ha dejado a su hijo sin comer.

“Los policías saben que si no les pasan la comida, nosotros protestamos como hicimos en Catia que logramos que los sacaran todos de allí. Ellos nos llaman y listo”, aseveró Margarita.

Hace dos semanas el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró tres casos de detenidos que murieron con síntomas de desnutrición. Los tres se encontraban en celdas policiales.

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2 Comentarios

  1. No puedo creer que haya venezolano que apoye este regimen de abusos contra sus compatriotas. Maduro y su banda no son venezolanos, son extranjeros que se han apoderado de Venezuela y quieren robarse sus recursos para llevarlos a otro pais. Si los venezolanos no abrimos los ojos nos venderan a todos.

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