Luis Daniel Muñoz Landaeta ha pasado los últimos seis meses de su vida preso. El pasado 9 de enero, cuando la oposición salió a las calles de Venezuela a protestar contra la juramentación de Nicolás Maduro para un tercer periodo presidencial, el joven llamó a salir a las calles a defender a la líder opositora María Corina Machado, en medio de la confusión que hubo por un intento de arresto en su contra después de la manifestación que ella encabezó en el este de Caracas ese mismo día.
A más de 400 kilómetros de distancia, Muñoz Landaeta escribió un mensaje en el que expresó su indignación por este hecho, lo que finalmente lo llevó a la cárcel. Cuando llegaba a su vivienda, en el sector Alto Paramaconi de Maturín, en el estado Monagas, lo esperaban funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Sus allegados contaron que lo engañaron con mensajes para poder detenerlo. El joven de 27 años es repostero y tiene un emprendimiento, una pequeña empresa que logró registrar y que era su medio de conseguir el sustento para él, además de apoyar a dos hermanas. Aunque vio sospechoso el mensaje se fue a su vivienda a entregar el pedido, tras salir de una concentración en la capital monaguense en respuesta al llamado de Machado.
Preso porque «escribió algo que no debió»
Pero cuando vio que había uniformados esperándolo intentó correr y entrar a su vivienda. Sin embargo, lo detuvieron. Quienes estaban junto a él preguntaron el motivo de su detención y la respuesta fue que escribió “algo que no debió” en un grupo de Whatsapp donde había dirigentes políticos de diferentes partidos en Monagas.
Hasta el 15 de junio pasado lo mantuvieron en una celda junto a otros presos políticos en Monagas, de quienes se habla muy poco y que no aparecen o no se nombran en medios regionales de comunicación. Ese día lo trasladaron al Centro Penitenciario de Tocorón, estado Aragua, la famosa cárcel donde nació la banda criminal que se extendió fuera de Venezuela y que es objeto de debates y de titulares en el continente: El Tren de Aragua.
A Luis Daniel lo mantuvieron 11 días en confinamiento desde que lo enviaron a ese recinto penitenciario, donde en mayo pasado murió Lindomar Jesús Amaro Bustamante, de 27 años, un preso político que detuvieron tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 en el estado Cojedes.
Mientras estuvo en Monagas sus familiares podían ir varias veces a la semana a llevarle alimentos y artículos de higiene. Ahora solo pueden ir una vez al mes. La distancia entre Maturín y Maracay es de 14 horas en un autobús y se suma otra hora entre la capital de Aragua y el lugar donde se encuentra Tocorón. Son mínimo 60 dólares que cuesta el traslado desde oriente hasta el centro del país.
En la única visita que recibió desde su traslado fue poco lo que pudo decir. Esas casi dos semanas en las que estuvo aislado no le permitieron salir ni tomar sol. Luego lo recluyeron en una celda pequeña con otros cuatro presos políticos. La orden de trasladarlo fue nacional y obedeció a que les informaron que a quienes acusaron de terrorismo no podían tenerlos en calabozos policiales sino en cárceles grandes; es decir, bajo el control del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Poca comida en Tocorón
La comida que le suministran es poca: arepa con mortadela en las mañanas; arroz con granos al mediodía y esta última ración en la noche. “La última vez que lo vi estaba triste, fue poco lo que me pudo decir porque estaba con vigilancia y tenía temor de hablar”.
En febrero pasado, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que a los presos políticos en Tocorón les imponen asistir a rezos y cultos evangélicos. Rechazarlo es ganarse un castigo. “No solo están injustamente encarcelados, sino que además se les somete a un adoctrinamiento forzado. Necesitamos que esta situación sea visibilizada y que se exija respeto por sus derechos”, expresó un familiar de un detenido en Tocorón, recogió la organización no gubernamental en su sitio web.
A Luis Daniel, que milita en el partido Acción Democrática, no le permitieron designar un abogado defensor privado. La defensora pública que tenía en Monagas siempre le decía que debía conversar con el abogado que le designaron desde Caracas, que es muy poco lo que aporta a los familiares sobre el avance del caso.
Hasta el momento lo han presentado de forma telemática en dos audiencias, una práctica que se institucionalizó desde las masivas detenciones que hubo tras las protestas poselectorales en el país y que dejaron más de 2 mil detenidos.
Los delitos que le imputan son incitación al odio y terrorismo, solo por pedir salir a protestar. Su proceso se encuentra estancado desde que lo enviaron a Tocorón, donde ahora las posibilidades de visitas son más escasas por la distancia en la que está su familia de su nuevo sitio de reclusión.
“Exijo su libertad, él no es ningún terrorista. Le están poniendo incitación al odio por pedir a la gente que saliera a protestar, aquí no hay libertad de expresión”, lamentó un allegado que prefirió omitir su identidad.
Hasta la semana pasada, la ONG Foro Penal totalizaba 940 presos políticos en Venezuela, la mayoría hombres.