Varias ONG de Venezuela alertan, en un informe que publicaron este jueves 31 de julio, del «desmantelamiento» del sistema electoral del país tras las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que el organismo comicial, controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Nicolás Maduro pero «no publicó los resultados desagregados», lo que señalan como una «violación expresa» de la legislación nacional.
La Red Electoral Ciudadana (REC), conformada por un grupo de ONG, asegura que el Consejo Nacional Electoral (CNE) «ha estado inmerso en una recurrente transgresión al marco normativo», lo que incluye «el irrespeto a las normas relacionadas con los actos postelectorales, la no publicación de los resultados disgregados y la no celebración de las auditorías» tras las votaciones.
La controvertida proclamación de Maduro la condenó inmediatamente la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que recolectó, a través de testigos y miembros de mesa, el 85,18 % de las actas que prueban el reclamado triunfo de quien fue su candidato, Edmundo González Urrutia.
El anuncio del CNE, prosigue la REC en el informe, generó «una oleada de protestas cívicas en todo el país, ante la clara discrepancia entre los resultados oficiales y los indicios acumulados por la ciudadanía y sectores de la oposición», a lo que el Estado respondió de manera «inmediata y violenta».
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Presidenciales fueron una fractura institucional
La red expresa que el proceso de las presidenciales se cerró «no como un ejercicio legítimo de soberanía popular, sino como el epicentro de una fractura institucional que reorganizó las relaciones de poder en Venezuela mediante el uso sistemático de la represión, la judicialización de la política y la apropiación ilegal del aparato electoral».
Según el informe, el CNE «evidenció un progresivo debilitamiento institucional», así como un «vacío» que -señalan las ONG- fue «ocupado por actores de otros poderes del Estado», y mencionan al presidente del Parlamento y jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior y primer vicepresidente del partido gobernante PSUV, Diosdado Cabello, quienes «asumieron vocerías sobre aspectos técnicos y operativos».
«Esta intervención política en funciones exclusivas del órgano electoral consolidó la percepción de un CNE subordinado y sin autoridad real», expresa la REC.
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Nueva etapa de procesos electorales
Además, el documento advierte que la elección de gobernadores y diputados celebrada el pasado mayo «pareciera marcar una nueva etapa en los procesos electorales en Venezuela, en donde la falta de condiciones y garantías electorales y la manipulación de las cifras electorales constituyen una constante».
La REC concluye que la votación de mayo «definió un nuevo patrón en la organización de los procesos electorales en Venezuela: elecciones sin competitividad, sin garantías, sin transparencia», con lo que -afirma- se consolida «un modelo autoritario que utiliza los comicios como mecanismos de control, sin posibilidad real de alternancia».
Por tanto, considera «impostergable una respuesta clara, articulada y estratégica que reafirme el compromiso con la recuperación del orden democrático», y sugiere, en ese sentido, denunciar «todas las violaciones constitucionales y legales, así como el desconocimiento de los estándares internacionales», reactivar «la lucha por condiciones» e impulsar «vías de negociación política».