La ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) recordó al defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, que las instituciones como las que él encabeza tienen la obligación de investigar de oficio posibles violaciones a los DDHH en el país.
«Desde Provea recordamos que las autoridades deben investigar de oficio las posibles violaciones a los derechos humanos, especialmente cuando hay pruebas, testimonios, y víctimas identificadas. No basta con emitir comunicados ni trasladar la carga a quienes han sido agredidas», destacaron en su cuenta de la red social X este jueves 7 de agosto.
El pronunciamiento lo hicieron después de que Ruiz, a través de una nota de prensa de la Defensoría, condenó «enérgicamente» las agresiones de las que fueron víctimas un grupo de 50 madres del Comité de Madres en Defensa de la Verdad que el pasado 5 de agosto realizaban una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir la revisión de casos y liberación de sus hijos, presos políticos de las protestas poselectorales.
«El Defensor del Pueblo, autoridad nacional en materia de derechos humanos, tiene facultades para abrir investigaciones propias y emitir medidas cautelares. Investigaciones no solo de los autores materiales, sino de quienes dieron las órdenes», dijo Provea sobre las atribuciones o competencias de Ruiz en este tipo de casos.
Provea calificó de inusual pronunciamiento de Ruiz
Este jueves, el funcionario solo emitió la condena pública y pidió a las afectadas denunciar ante el Ministerio Público para que inicien las investigaciones para identificar a los responsables y someterlos a la justicia penal.
Martha Grijales, del colectivo de DDHH Surgentes, explicó en entrevista con Efecto Cocuyo que vivieron una «noche de terror» cuando alrededor de las 10:00 de la nohe del 5 de agosto a la sede del TSJ llegaron hombres armados en motocicletas y con capuchas que asaltaron, agredieron y empujaron a las madres que reclamaban verdadera justicia para sus hijos.
Provea le recordó al defensor que como responsable de garantizar los DDHH «también puede recibir a los familiares de los presos, escuchar sus reclamos y actuar ante los órganos de administración de justicia, parte de las obligaciones que la Constitución le impone».
Calificaron como «inusual» el pronunciamiento del funcionario al que organizaciones defensoras de DDHH cuestionan constantemente por su silencio ante las graves violaciones a las garantías fundamentales de la población venezolana.
«Exigimos justicia, protección para quienes protestan y el fin de la impunidad para los responsables de estos ataques. Especialmente la disolución de estos grupos paramilitares. La protesta es un derecho. Las madres del Comité @madresendefensa no están solas», agregó la organización no gubernamental.