En la primera reunión del Consejo Federal de Gobierno (CFG) con los gobernadores y alcaldes que resultaron de los comicios del 25 de mayo y el 27 de julio, Nicolás Maduro dio la línea, sin importar tendencias políticas, de trabajar en su plan de gobierno, denominado las “7 transformaciones” y los proyectos comunales.
El presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) también pidió al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, una reforma de la ley del CFG para la incorporación de los circuitos comunales (5.338) diseñados para las consultas populares de proyectos comunitarios que se han realizado, la más reciente “coincidio” con las municipales del 27 de julio.
La “imposición” de un plan de trabajo a los gobiernos regionales y locales para avanzar en la propuesta comunal tiene varias lecturas. Una: que el chavismo-madurismo no requiere una reforma constitucional para profundizar el “Estado Comunal” porque ya lo está haciendo. Otra: que los “obliga” a trabajar de la mano de estructuras ideologizadas que solo reciben órdenes del Ejecutivo y el Psuv, que pasan por encima de sus competencias constitucionales.
Expertos consultados no dejan de advertir sobre la inviabilidad en la implementación del sistema comunal y del “desorden” en materia presupuestaria que puede generar.
«Nosotros tenemos una guía de planificación que es Ley Orgánica Nacional, se trata del Plan de las 7 Transformaciones. Es la guía para todos y todas, para los gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico, y para los que conforman las oposiciones democráticas», dijo Maduro durante el encuentro en Miraflores.
Contradicción
Maduro también dio por descontado que con la instalación del CFG, los gobernadores y alcaldes apoyarán “firmemente al Poder Popular” en la ejecución de los proyectos que se aprueben en consultas, con asesoría profesional, maquinaria y recursos económicos.
“Decirle a los alcaldes que ellos tienen que darle vida al Estado Comunal es una contradicción, porque esas estructuras se nutren de las competencias de las alcaldías, les pasan por encima a esas competencias. No creo que un alcalde por muy chavista que sea esté dispuesto a que le quiten sus competencias, lo que podría generar una contención, aunque sea disimulada”, sostuvo el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Juan Carlos Apitz.
El artículo 168 de la Constitución establece que las actuaciones del municipio como “unidad política primaria de la organización nacional” con personalidad jurídica y autonomía cumplirá sus actuaciones, en el ámbito de las competencias – establecidas en el articulo 178- incorporando “la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública y al control y evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente y oportuna”.
La forma, de acuerdo con el abogado constitucionalista, es volver a los Consejos Locales de Planificación como instancia de coordinación entre el gobierno local y los vecinos, de acuerdo con la ley respectiva.
“Esa imposición lo que puede traer es una descoordinación inmensa en la gestión pública y en la distribución de los recursos financieros, un caos administrativo. Pareciera que la intención es convertir a las alcaldías en cascarones vacíos y eliminarlas junto a los concejos municipales. La Constitución establece que el poder se divide en nacional, estadal y municipal, pero apuntan a querer cambiar eso y sustituirlo por estructuras con tinte político gubernamental”, advirtió el decano.
En la votación del 27 de julio, de acuerdo con el chavismo, se seleccionaron 10.394 proyectos propuestos por el sector de la juventud de 37.080 postulados, entre ellos “escuelas de artes digitales”, oficios y habilitación de espacios deportivos. Desde la escogencia de candidatos y la campaña electoral, el Psuv advirtió que habría sanciones disciplinarias a los alcaldes que no apoyaran las consultas populares y los proyectos seleccionados.
Municipios en riesgo
¿Pueden los alcaldes electos, incluyendo los 50 fuera del Psuv, “ofrecer resistencia”a la orden de Maduro? Dado el contexto autoritario profundizado luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio y las características de los eventos electorales de 2025 y de los factores que participaron, la respuesta parece ser no, al menos no de manera frontal.
En ello coinciden tanto Apitz como el especialista en Gerencia Pública, Miguel González Marregot. El chavismo dice solo reconocer como oposición a quienes aceptaron participar – o los dejaron hacerlo – en los comicios de este año, aun sin condiciones democráticas, entre ellos los factores Fuerza Vecinal que obtuvieron 11 alcaldías y la Alianza Democrática.
Durante el encuentro no hubo voces disidentes. El único gobernador fuera del chavismo, Alberto Galíndez, de Cojedes, fue ratificado como miembro de la secretaría del CFG. Maduro los instó a reunirse mensualmente con alcaldes y el Poder Popular.
“Esas elecciones se hicieron en connivencia; por lo tanto, no tienen capacidad de decir que no directamente para no arriesgarse a ser aniquilados, pero tarde o temprano les quitarán las competencias”, alertó Apitz.
González Marregot recordó que desde 2007, con el intento de reforma constitucional -rechazado por el voto popular- del expresidente Hugo Chávez, el Psuv ya venía marchando hacia la propuesta comunal. No quedó en la Carta Magna, pero sí en las leyes sobre los Consejos Comunales, Comunas, Poder Popular y otras derivadas como la del Parlamento Comunal y Economía Comunal que fueron sancionadas posteriormente.
“El municipio está siendo liquidado: sin autonomía, ni financiamiento ni competencias plenas y con gobiernos locales ineficaces, ahora tendrán que convivir con los circuitos comunales», dijo.
Propuesta inviable
González Marregot agregó que el “plan de las 7 Transformaciones” o “7T” , que es el plan de gobierno de Maduro con “enunciados abstractos”, convertido en ley por la AN con mayoría del chavismo, es otro avance en la dirección del Estado Comunal, por lo que la anunciada reforma constitucional que se dejó para 2026 podría ser el paso definitivo.
“El asunto pendiente está en su viabilidad (del Estado Comunal), es decir, en las posibilidades reales de su realización. Genera muchas dudas por las debilidades en la capacidad de gestión que ha caracterizado al gobierno del Psuv. La incorporación de los circuitos comunales parece más burocracia dirigida a duplicar esfuerzos hasta de las mismas comunas, que ya habían quedado en el olvido”, apuntó.
Otros analistas como Mirla Pérez, del Centro de Investigaciones Populares, añaden como elemento de inviabilidad lo vacías que pudieron haber quedado las estructuras comunales por el amplio voto opositor del 28 de julio de 2024, hasta en localidades consideradas como “bastiones del chavismo”.
Apitz insiste en que el chavismo no necesita modificar la Carta Magna para tratar de implementar algo que ya ha establecido mediante leyes, por lo que tendrá que usar otra “excusa” para justificar cambios en el texto fundamental que apuntan, afirmó, a otros intereses. También desestima que se trate de más democracia o de “democracia directa” como afirma Maduro y la cúpula de poder.
“En la democracia representativa la gente elige mediante el voto y en condiciones transparentes a sus representantes, quienes deben ser eficientes y eficaces en la gestión pública, deben rendir cuentas. Eso no ocurre en esa especie de asambleismo, en el que unos pocos toman decisiones no consensuadas, sin representación, en estructuras con tinte político. Recordemos que la vida jurídica de los Consejos Comunales y Comunas las da el Ministerio donde quiere que existan”, advirtió el constitucionalista.