La noche de este lunes se informó la excarcelación, con medidas cautelares, de la activista de derechos humanos Martha Lía Grajales, a quien detuvieron el pasado viernes 8 de agosto tras salir de una manifestación en apoyo a las madres de los presos políticos en la ciudad de Caracas.
La información la confirmó Antonio González, esposo de la dirigente de la ONG Surgentes, a través de un video en la red social Instagram.
La excarcelación se da un día después de que la presentaron en tribunales donde la imputaron por supuestos delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, según dijo este lunes 11 el fiscal general Tarek William Saab.
«Tiene unas medidas sustitutivas de la privativa (de libertad), pero sigue un proceso judicial que es a todas luces arbitrario«, detalló González en su mensaje.
Grajales enfrenta «cargos gravísimos»
González, quien también hace parte de SurGentes, dijo que su esposa enfrenta unos cargos de «gravísimo talante» y que ella «no cometió».
En ese sentido, agradeció la solidaridad de todas las personas «dentro y fuera de Venezuela» que denunciaron la detención de la activista, que calificó como «injusta».
Asimismo, consideró que Grajales sufrió un «proceso de desaparición forzada de corta duración«, al indicar que «fue incomunicada» desde el viernes, cuando fue detenida en Caracas, «hasta el día de ayer», lunes.
No obstante, aseguró que a su esposa la trataron con «dignidad y respeto» en los dos centros de reclusión en los que permaneció. El primero de ellos fue la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, Caracas, donde González preguntó por ella en cuatro oportunidades, pero en las cuatro ocasiones le negaron que la mantuvieran allí.
Después de su imputación la trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), la única cárcel de mujeres de Venezuela que se encuentran en la ciudad de Los Teques, estado Miranda.
Cuatro días detenida
A Grajales la detuvieron el pasado viernes después de participar en un acto a las afueras de la sede principal de la ONU en Venezuela, para rechazar las agresiones que sufrieron un grupo de familiares de presos políticos el día 5 de agosto cuando participaban en una vigilia a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, donde pedían la liberación de los presos políticos poselectorales.
Este lunes, la Fiscalía venezolana acusó a la activista de los presuntos delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación, lo que para SurGentes representa un «montaje judicial».
Este martes, la ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, informó que a Grajales la trasladaron al Instituto Nacional de Orientación Femenina, en el estado Miranda.
A través de X, Provea compartió un video en el que González informó que pudo conversar con Grajales por teléfono, luego de cuatro días sin comunicación, según denunció.
Medios afines al chavismo, según un seguimiento de Cazadores de Fake News, iniciaron una campaña de estigmatización en su contra al etiquetarla como supuesta «infiltrada» en las filas del chavismo y de tener conexión con la líder opositora María Corina Machado.
Con información de EFE