El informe anual sobre prácticas de derechos humanos en el mundo, publicado por el Departamento de Estado de EE.UU., expone las sistemáticas violaciones a los derechos fundamentales en Venezuela durante 2024 y detalla cómo las autoridades del Estado utilizan diversas herramientas para reprimir a la sociedad civil, silenciar a la disidencia y consolidar el control político.
El reporte publicado el 12 de agosto de 2024 describe un deterioro progresivo de las instituciones democráticas en Venezuela, que ha dejado a los ciudadanos en una situación de vulnerabilidad extrema.
El documento expone que las estrategias de violaciones de derechos humanos han ido evolucionando con el pasar de los años, sumado a las tácticas de «mano dura» como la tortura y los asesinatos extrajudiciales. Además, observan un cambio hacia un control más selectivo y sofisticado. A continuación, en Efecto Cocuyo presentamos los puntos más importantes del informe.
1) Asesinatos extrajudiciales y desapariciones forzadas
El informe del Departamento de Estado documenta un patrón de ejecuciones extrajudiciales, atribuidas principalmente a las fuerzas de seguridad del Estado, las cuales a menudo son justificadas como «enfrentamientos» para encubrir la violencia.
El documento destaca la falta de investigaciones independientes, que dan impulso a la impunidad y la falta de justicia para las víctimas.
El reporte también señala un aumento preocupante en las desapariciones forzadas, utilizadas para infundir miedo, desorganizar a los movimientos opositores y mantener a los detenidos fuera del escrutinio público-legal.
El Departamento de Estado cita a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que «informó de un aumento en las denuncias de tortura de detenidos antes y después de las elecciones presidenciales».
Señalan que la impunidad es un factor clave en la persistencia de estas violaciones. “95% de los homicidios en protestas pacíficas entre 2014 y 2024 no tienen condenas».
2) Presos políticos y persecución selectiva
El informe subraya que las detenciones arbitrarias por motivos políticos constituyen un pilar fundamental de la represión. En este sentido, se hacen eco de los informes de la ONG Foro Penal, los cuales documentaron que aproximadamente 270 personas permanecieron detenidas por razones políticas durante el año 2024.
El Departamento de Estado menciona que «las detenciones arbitrarias y los juicios sin el debido proceso se usan para intimidar y silenciar a la disidencia política». Agregan que los detenidos a menudo son procesados con base en leyes antiterroristas, lo que les niega el acceso a un proceso judicial justo.
Destacan que esta política de persecución también se dirige a los empleados públicos y a los sindicalistas, quienes enfrentan el riesgo de ser despedidos por expresar opiniones contrarias al gobierno.
«Los empleados públicos son objeto de acoso y despido por sus opiniones políticas», destaca el informe.
3) Uso de la Ley contra el Odio y represión a la libertad de expresión
El informe registra cómo el gobierno utiliza la Ley Contra el Odio como una herramienta para reprimir la libertad de expresión. Esta ley, que establece penas de hasta 20 años de prisión, se ha utilizado para enjuiciar a críticos del gobierno.
Después de las elecciones de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentaron al menos 108 incidentes de vulneraciones a la libertad de expresión, según lo informado por el Departamento de Estado.
También señalan la censura directa a medios de comunicación y la confiscación de equipos para limitar a los periodistas que quieran informar libremente.
«La Ley Contra el Odio es utilizada de manera indiscriminada para procesar a cientos de personas y restringir así la libertad de expresión», se lee.
4) Falta de independencia judicial y control político
El documento también hace énfasis en que el Poder Judicial carece de independencia y se encuentra bajo el control total del Ejecutivo, así como de manera constante esta falta de autonomía se refleja en decisiones judiciales que favorecen al gobierno y en la negación del debido proceso para los opositores.
Estados Unidos señala que el gobierno «utilizó leyes antiterroristas para procesar a cientos de personas sin el debido proceso» y que esto permitió que los funcionarios gubernamentales evadan la responsabilidad por sus acciones y que los opositores sean enjuiciados sin un juicio justo.
Consideran que el control judicial venezolano es una herramienta de represión que socava los derechos a un juicio justo e igualdad ante la ley.
5) Condiciones de reclusión inhumanas y tratos crueles
El Departamento de Estado denunció las condiciones inhumanas en las cárceles venezolanas como una grave violación de los derechos humanos. Esta afirmación se basa en datos del Observatorio Venezolano de Prisiones, que documentó una sobrepoblación carcelaria superior al 184% de su capacidad. Además, la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, alimentos adecuados y atención médica es una realidad generalizada en estos centros penitenciarios.
El reporte también documenta tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como casos de tortura, la falta de saneamiento y la propagación de enfermedades en los centros de detención.
Indicaron que estas condiciones «se caracterizan por una sobrepoblación severa, mala alimentación, atención médica deficiente y falta de saneamiento».
6) Pobreza extrema y crisis económica
El informe también subrayó los hallazgos de la encuesta de Hogares de la plataforma HUM Venezuela, que revelan que en 2024, el 86,9% de la población vivía en situación de pobreza por ingresos y 70,6% en pobreza extrema.
Indicaron que la crisis económica ha influido en la migración masiva de por lo menos 7,89 millones de venezolanos y que no hay políticas efectivas para abordar la crisis y la hiperinflación que han socavado el poder adquisitivo de la población y han hecho que los salarios sean insuficientes para cubrir las necesidades básicas.
7) Colapso del sistema de salud pública
El informe revela que el sistema sanitario público de Venezuela está «inhabilitado» en más de 80%, debido a la falta de personal médico, el desabastecimiento de insumos y la infraestructura deficiente, indicaron que la escasez de agua y electricidad en los centros de salud hace imposible brindar una atención adecuada.
El Departamento de Estado estadounidense asegura que en Venezuela, enfermedades que antes estaban controladas, como el dengue y la malaria, han reaparecido y se han propagado debido a la falta de medicamentos y a las condiciones sanitarias precarias y que las zonas rurales e indígenas son las más afectadas.
8) Represión y persecución a la sociedad civil
El documento destaca que las ONG defensoras de derechos humanos que operan en el país lo hacen en un entorno de hostilidad y represión y que el gobierno utiliza diversas herramientas para intimidar y silenciar a estas organizaciones. El Departamento de Estado indica que se documentaron 979 ataques e incidentes de seguridad contra defensores de derechos humanos en 2024. n1|
«Las ONG enfrentan el riesgo de ser cerradas bajo acusaciones de ‘terrorismo’ si no se ajustan a las demandas del gobierno», aseguran.
Señalaron que el acoso a los defensores de derechos humanos se ha intensificado, con la difusión de información personal y la estigmatización en medios de comunicación y redes sociales controlados por el Estado.
9) Elecciones sin garantías
Sobre las elecciones presidenciales de 2024, sostienen que estuvieron viciadas por la falta de garantías democráticas, la inhabilitación de candidatos opositores, la restricción del registro de votantes y el uso de recursos del Estado para la campaña oficialista.
Indicaron que la falta de transparencia en el proceso electoral ha sido una recurrente generando desconfianza en el Consejo Nacional Electoral (CNE), lo que, a juicio de Estados Unidos, socava la legitimidad de los resultados electorales.
El documento recordó que el gobierno incumplió con los Acuerdos de Barbados, un pacto que buscaba establecer condiciones justas para las elecciones.
10) Plan Furia Bolivariana
El Departamento describe el uso de un sofisticado sistema de vigilancia para monitorear las comunicaciones y actividades en línea de la población y denunciaron que se emplean amenazas y sanciones económicas para controlar y castigar a la disidencia, como la negación de acceso a alimentos subsidiados (bolsas Clap) a quienes expresan opiniones contrarias.
La investigación señala que el plan «Furia Bolivariana», relanzado en enero de 2024, intensificó la represión con desapariciones forzadas, amenazas públicas y cercos en comunidades pobres. El informe concluye que estas prácticas consolidaron un control autoritario, donde la legislación antiterrorista y la Ley Contra el Odio procesaron a cientos de personas sin el debido proceso.