El Observatorio de Universidades (OBU) reportó un incremento del 309% en las denuncias por violaciones a la autonomía universitaria en Venezuela durante julio de 2025, en comparación con el primer semestre del año.
Este preocupante dato refleja una creciente presión sobre las instituciones académicas del país, según el más reciente informe de #MonitorOBU.
El 86% de las denuncias registradas en julio se relacionan con ataques directos a la autonomía universitaria, siendo las universidades no controladas por el Gobierno de Nicolás Maduro las principales afectadas.
Instituciones de prestigio como la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Oriente (UDO), la Universidad de Carabobo (UC), así como las privadas Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) y Universidad Metropolitana (Unimet), han alzado su voz contra lo que califican como una injerencia inconstitucional por parte del Estado.
Intervención en las pruebas de ingreso
Uno de los puntos más críticos es el intento del Ministerio para la Educación Universitaria (MPPEU) de eliminar las pruebas de ingreso internas, un derecho amparado por la Constitución venezolana.
En su lugar, se pretende imponer un sistema centralizado que, según las universidades, limita su capacidad de seleccionar a sus estudiantes de manera autónoma.
La Universidad Central de Venezuela (UCV), en un acto de resistencia, reafirmó su compromiso con el Sistema de Admisión con Modalidades Integrales (Simadi), proceso ya finalizado este año.
Golpe a la sostenibilidad financiera
La crisis no se limita al ámbito académico, según documenta el OBU, la UCV ha denunciado la toma de terrenos en la Zona Rental, un proyecto clave para generar ingresos propios y garantizar su sostenibilidad económica.
Esta acción representa un duro revés para la autonomía financiera de la institución, agravando su capacidad para operar en medio de un contexto de asfixia presupuestaria.
La situación de los docentes universitarios es igualmente alarmante.
Según el OBU, el bono vacacional que un profesor recibió en 2025 equivale a tan solo el 1,15% del valor que tenía en 2002. Hace 23 años, un académico podía adquirir 37 canastas básicas con este beneficio; hoy, necesitaría más de diez bonos para comprar una sola. Este deterioro se suma a tres años sin aumentos salariales, lo que ha pulverizado el poder adquisitivo de los docentes y profundizado la crisis del sector educativo.