En un mercado popular de Caracas, entre puestos de frutas y verduras, vendedores ambulantes, compradores apurados y el eco de los precios en dólares, está María González*, una maestra de primaria con 20 años de servicio que revisa su monedero con gesto cansado.

“Gano 130 bolívares al mes, más los bonos, que suman unos 100 dólares si me los dan completos. Pero la canasta básica está en 500 dólares. ¿Cómo vivo con eso?”, dice, mientras negocia el precio de un kilo de plátanos. Su historia no es única: en Venezuela, el salario mínimo, congelado desde marzo de 2022, se ha convertido en una reliquia de otro tiempo, incapaz de sostener a una familia o siquiera a una persona.

Un salario que no es salario

El salario mínimo en Venezuela, fijado desde hace 3 años oficialmente en 130 bolívares, equivale en agosto de 2025 a menos de 1 dólar mensual, al cambio oficial del Banco Central de Venezuela.

Los bonos gubernamentales, como el Bono de Guerra Económica o el Cestaticket, suman unos 160 dólares al mes para algunos trabajadores, pero no forman parte del salario base, lo que significa que no inciden en prestaciones sociales, vacaciones o jubilaciones.

Esta política, según el docente y activista gremial Ángel Cacique, “es un maquillaje para mantener el gasto fiscal bajo control, mientras el trabajador queda desprotegido”.

«La situación económica de los sectores obreros y populares en Venezuela sigue siendo muy precaria, marcada por una profunda crisis económica y social que ha afectado especialmente a estos grupos», agregó el integrante del Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha (CNCTL).

La política de bonificación, que no incide en prestaciones sociales ni beneficios laborales (como vacaciones o jubilaciones), deslegitima las instituciones y genera desconfianza en el sistema. Esto se refleja en protestas recurrentes de sindicatos y gremios, que exigen un salario que refleje la realidad económica.

Una afrenta

El Comité Nacional de Conflicto de Trabajadores en Lucha deja su posición al respecto bien asentado en un comunicado: el actual salario mínimo es salario mínimo en Venezuela es una afrenta a la clase trabajadora.

«Un salario mínimo que no cubre ni el 1% de la canasta básica, que no permite pagar transporte, alimentación ni medicinas, no puede llamarse salario. Es una burla, una condena a la miseria, una violación flagrante de los derechos humanos laborales consagrados en la Constitución y en convenios internacionales».

Esta ONG, que aglutina a varios sindicalistas venezolanos, afirma que es hora de que el Estado asuma su responsabilidad con quienes hacen posible el desarrollo todos los días del país.

Trabajo sin valor

La consecuencia de la pulverización es clara: el trabajo formal ha perdido su valor, y con él, la dignidad que alguna vez representó.

En un país donde más 80% de la fuerza laboral opera en la economía informal, según estimaciones de un estudio de la Escuela de Economía de la Universidad Católica Andrés Bello de 2021, la falta de una referencia salarial ha fracturado la estructura social.

La dolarización informal, que domina 90% de las transacciones comerciales, ha dejado al bolívar como un símbolo vacío, pero no ha traído estabilidad para la mayoría.

La salud mental también está en jaque. Un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello revela que 60% de los venezolanos cita los problemas económicos como su principal fuente de estrés.

Hay que rescatar el salario

Durante un foro de dirigentes sindicales efectuado en el estado Aragua, realizado la semana pasada, Pedro Arturo Moreno, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), subrayó la necesidad de que la fuerza laboral del país se una para exigir el rescate del salario como patrimonio colectivo.

El vocero de la CTV puntualizó que los venezolanos se han visto golpeados por la profunda crisis económica, precisando la caída de 80% del PIB entre los años 2012 y 2021.

«Dejamos bien sentados que la defensa del salario es la defensa de la posibilidad de que el venezolano tenga una vida mejor. El salario tiene relación con la posibilidad de que, por ejemplo, la educación sea de calidad, de que tengamos docentes que de verdad tengan esa educación para educar, que tengamos universidades que se le reconozca su valor», dijo.

*Algunos nombres y fuentes consultadas pidieron reservar o cambiar sus nombres por precaución