El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, había anticipado meses atrás que la Contraloría General de la República buscaba elementos para inculparlo de algún delito. Este martes 27 de septiembre, el dirigente de Primero Justicia recibió formalmente la notificación en la que se indica que se inició un procedimiento administrativo en su contra.
Se alega que la investigación se inicia “con fundamento en el resultado obtenido de las actuaciones fiscales efectuadas por la Dirección de Control de la Administración Central de la Contraloría del estado bolivariano de Miranda”.
No se precisa el delito en el que estaría presuntamente implicado sino que se indica que tendrá acceso inmediato al expediente administrativo y se invoca el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que dice:
“Si como consecuencia del ejercicio de las funciones de control o de las potestades investigativas establecidas en esta Ley, surgieren elementos de convicción o prueba que pudieran dar lugar a la formulación de reparos, a la declaratoria de responsabilidad administrativa o a la imposición de multas, el órgano de control fiscal respectivo iniciará el procedimiento mediante auto motivado que se notificará a los interesados o interesadas , según lo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.
El gobernador de Miranda calificó esta acción como una “olla” con la que el Gobierno busca amedrentarlo.
Capriles tendrá 15 días hábiles siguientes a esta notificación para presentar las pruebas en su defensa.
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