Cidh hace "llamado urgente" al Estado venezolano para que cumpla con sus obligaciones

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, por considerar que están dirigidas a cerrar espacios vitales de participación política en el país y perseguir a quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión. “La CIDH y su Relatoría Especial manifiestan su alarma por el impacto de estas medidas en la democracia venezolana.”La CIDH y su Relatoría Especial hacen un llamado urgente el Estado venezolano a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. En particular, a respetar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la participación en la vida política en el país de todos los sectores, incluyendo el deber de facilitar las manifestaciones y protestas que se han convocado a partir de esta grave decisión del órgano electoral y hacer cesar aquellas acciones que impiden el ejercicio del derecho de las personas a elegir a sus representaes y ejercer control sobre ellos.“En el transcurso del año 2016, la CIDH y su Relatoría Especial han seguido con suma preocupación las distintas formas en que, a través de la aplicación de la ley o al margen de ella, se han impuesto serias limitaciones al pluralismo en el ejercicio de derechos políticos y libertad de expresión” dice un comunicado publicado en la página web de la Cidh.Según el documento publicado, la Comisión destaca “los obstáculos impuestos por autoridades para que los ciudadanos venezolanos puedan participar en elecciones libres y confiables, la progresiva supresión de facultades constitucionales del Congreso mayoritariamente opositor, la detención arbitraria y encarcelamiento de opositores y aquellas personas que hacen público su disenso con el gobierno o se expresan a través de los medios de comunicación, la represión y restricciones indebidas al ejercicio de la protesta, los despidos y amenazas a empleados públicos con perder su cargo en caso manifestarse u expresar opinión política en contra del oficialismo, las campañas de estigmatización, vigilancia y hostigamiento en perjuicio de defensores de derechos humanos y periodistas, así como el continuado uso del derecho penal y otros controles estatales para castigar o inhibir el trabajo de la prensa crítica”.También califican de “preocupante” la decisión del Consejo Nacional Electoral del 20 de octubre de suspender el referendo revocatorio. Se valen de organizaciones de la sociedad civil denunciaron que los tribunales de Aragua, Bolívar, Apure, Monagas y Carabobo anularon “de manera sorpresiva y sin facultades legales” el acto de recolección del 1%. “Las sentencias, proferidas simultáneamente, fueron acatadas casi de inmediato por parte del máximo órgano electoral del país. Esto sugiere la posible existencia de una decisión coordinada para impedir que la ciudadanía pueda evaluar la gestión del primer mandatario, a través del mecanismo de referendo”.“Todas estas medidas han tenido lugar en un contexto de profundo debilitamiento de la separación de poderes públicos en el país y de crisis económica, alimentaria y sanitaria que continúa afectando los derechos a la salud, vida e integridad personal de la población en general, con impacto diferenciado en personas o grupos en mayor situación de vulnerabilidad, como los niños y niñas, los adultos mayores, las personas con discapacidad y personas con VIH-SIDA”, dice el comunicado.La Comisión ha reiterado varias veces que en Venezuela existe “la necesidad de garantizar a los ciudadanos y a los grupos políticos organizados el derecho a la participación política y a libertad de expresión sin temor a represalias,  permitiendo y fomentando un debate público plural, amplio y robusto”.El documento también especifica que la relación de DDHH, derechos políticos y democracia está amparada en la Carta Democrática Interamericada: “[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción  al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. “La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, dice el informe, que también señala que la institución tiene  el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.Foto: Iurepress]]>