La sentencia 155 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) señala un “antes y después” en el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, porque le confiere “poderes de monarca” y “revive el absolutismo”, en opinión de expertos consultados.
“Esta no es una sentencia más contra la AN. Marca un punto de inflexión a partir del cual se va a acelerar el proceso de control total del poder que viene teniendo Maduro desde el comienzo de su Gobierno. El absolutismo desapareció desde hace mucho tiempo y ahora Maduro lo está reviviendo con este tipo de procedimiento”, advierte el politólogo y abogado constitucionalista Luis Salamanca.
El fallo del máximo tribunal le otorga la facultad al mandatario venezolano de tomar las medidas en materia civil, económica, militar, penal, administrativa, política, jurídica y social que estime pertinentes para evitar un “estado de conmoción nacional“.
El abogado enfatiza que virtualmente el TSJ le otorga al mandatario venezolano el poder de todas las instituciones del país lo que puede afectar la convocatoria de futuras elecciones y abre el camino para que los diputados de la Asamblea Nacional sean procesados.
“Maduro tiene poderes plenos sin fecha de caducidad y esto puede tener sus consecuencias más importantes en medio de una situación electoral en la que se intente apelar al estado de conmoción nacional, un concepto que queda en blanco en la sentencia para que el Ejecutivo pueda interpretarlo a su gusto. Sin embargo, ni siquiera durante un estado de conmoción se pueden suspender las elecciones, ese derecho es una de las nueve garantías que no se pueden suspender de acuerdo con nuestra Constitución y el Pacto de San José (Convención Americana sobre Derechos Humanos)”, afirma.
El filósofo y politólogo Alexis Alzuru coincide en que la decisión del TSJ marca un punto de inflexión, pero añade que también representa un punto de reflexión para la oposición.
“La decisión del TSJ interpela directamente a la oposición; más que decir que el Gobierno está avanzando en su programa autoritario, la oposición, entendida ésta como todos los sectores políticos, sociales, económicos y hasta religiosos que adversan al Gobierno, debe reflexionar por qué hasta ahora sus esfuerzos han sido fracturados, atomizados e improvisados. Es irracional esperar que frente a este comportamiento de la oposición, la contraparte no avance en sus planes, sus objetivos, sus proyectos”, explica.
El primer diálogo que debe darse es entre la propia oposición, afirma el analista, pues “algo grave debe estar pasando para que a lo largo de 17 años no hayan podido revertir ni cambiar el curso de la política venezolana”.
“El proyecto de (Hugo) Chávez y de (Nicolás) Maduro ha sido transparente en sus objetivos, ellos han dicho que pretenden gobernar a Venezuela varias décadas, lo que supone un proyecto que reduce al mínimo los procesos electorales, donde la oposición pase a ser una vitrina (…) Lo que no entiendo es cómo en este contexto se está hablando no de elecciones sino de candidaturas partidistas”, cuestiona.
El politólogo Gabriel Reyes interpreta la sentencia como “una muestra de debilidad del Gobierno de Nicolás Maduro que necesita que el TSJ lo proteja” y prueba la ruptura del hilo constitucional.
“El Gobierno en lugar de procurar demostrar un talante democrático ante la comunidad internacional lo que hace es ejecutar una medida mucho más antidemocrática, una medida que atenta contra el Parlamento que es el contrapeso del Ejecutivo, el equilibrio de los Poderes Públicos”, expresa.
El analista señala que la sentencia viola “la base politológica de la inmunidad (parlamentaria) que consiste en permitirle a quienes tienen esa función contralora pronunciarse sin el peligro de ser amenazados judicialmente”.
La Sala Constitucional señala que la inmunidad parlamentaria “sólo ampara los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales”, pero alude al mismo tiempo al “desacato” para argumentar que los parlamentarios están fuera de estas atribuciones, lo que supone que no gozan de la protección.
Sobre el estado de conmoción, Reyes considera que es un pretexto para justificar el otorgamiento de poderes plenos. “El único estado de conmoción que tiene este país es la crisis estructural que agobia a su población. No se puede acusar a los factores externos de querer generar conmoción cuando los tratados de la OEA los asumió el Estado venezolano”, remató.
Foto: El Universal