Para los abogados constitucionalistas Pedro Alfonso Del Pino y Tulio Álvarez, el Consejo de Defensa de la Nación no tiene facultades para llamar a cambiar las sentencias que emanan del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), porque esta es una instancia consultiva para tratar temas sobre la defensa del territorio nacional.
Sin embargo, en la madrugada de este sábado, 1 de marzo y en cadena nacional, el presidente de la República, Nicolás Maduro, declaró superado “el impasse” entre el TSJ y la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Diaz, quien este viernes afirmó que las sentencias 155 y 156 del máximo tribunal constituían una ruptura del orden constitucional.
El exhorto del Consejo de Defensa fue corroborado más tarde en la web del TSJ con las sentencias 157 y 158 de la Sala Constitucional, donde aclaran y suprimen de las sentencias 155 y 156, las limitaciones a la inmunidad parlamentaria por un lado, y por el otro las competencias legislativas de la Asamblea Nacional que había asumido la Sala Constitucional.
Para Álvarez, el Consejo de Defensa de la Nación “no tiene facultad para nada” en esta materia”, y el efecto de lo que hizo con estas dos aclaratorias “demuestra que la Sala Constitucional es un títere que responde a las facciones del Gobierno”.
“Esto es un maquillaje dentro de una estrategia que ejecutaron mal, está pasando una guerra de facciones dentro del propio seno del régimen por el control del poder, unos jugaron posición adelantada para perjudicar a Maduro, que no es tonto y la forma de él de enmendar ese error fue llamar al Consejo Nacional de Defensa”, explica el constitucionalista.
A su juicio, estas decisiones no tienen una explicación jurídica sino una política: dentro del Gobierno las diferentes fuerzas de poder están enfrentadas, por lo que tratan de perjudicarse entre sí, y una de ellas fue la de generarle al mandatario nacional una situación externa altamente conflictiva que busca superar con el Consejo de Defensa.
Sin embargo, mencionó que luego de lo ocurrido a Maduro que solo tiene el control militar, ahora tiene a la Fuerza Armada “crispada” y las calles en agitación, por lo que cree que lo hecho por la Sala Constitucional “no se puede borrar del mapa político con una sentencia”.
En esta sintonía Pedro Alfonso Del Pino añade que después de estas decisiones, el Ejecutivo nacional busca la manera de lavar su cara ante la comunidad internacional ya no solo preocupada sino alarmada por lo ocurrido en el país en las últimas 72 horas.
“El lunes está convocado el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y el embajador del país llegará el lunes a decir que en Venezuela hay separación de poderes para bajar la intensidad en la OEA; y la verdad que no es así, la OEA tiene que tomar con más fuerza cartas en el asunto”, sugiere.
Para el experto en materia constitucional, lo hecho esta madrugada con las aclaratorias no puede realizarse sin seguir un procedimiento, ya que no se trata de que un maestro de escuela ordena a un estudiante corregir un trabajo.
“Tiene que haber alguien que introduzca un recurso, que analicen los magistrados y en base a eso emitir una sentencia. El TSJ por vía de aclaratoria no puede modificar una sentencia, las aclaratorias sirven para despejar alguna duda. El TSJ actúa por órdenes presidenciales, no se modifica de esa forma y la responsabilidad de los siete magistrados no se absuelve por haber modificado esta sentencia. Necesitamos ver las acciones de la fiscal, si son cónsonas debe convocar al Consejo Moral Republicano para calificar las faltas”, sostiene.
Además, estas sentencias no corrigen de fondo ni que el presidente siga teniendo facultades habilitantes para legislar ni que sigan considerando que la Asamblea Nacional esté en desacato. “No corrige la situación de fondo que tenemos en el país, el Presidente lo que estaba buscando es bajar la presión, restar la importancia”.
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