Lo ocurrido entre el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional, así como las reuniones de la Organización de Estados Americanos relacionadas a la activación de la Carta Democrática Interamericana “plantean a la conciencia de los que habitamos este país una seria reflexión”, según dice un comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Venezolana.
“Lo sucedido ha repercutido en las instancias políticas, jurídicas y sociales nacionales e internacionales. Es un claro indicio de que se trata de una nueva crisis nacional sumamente grave que lesiona la democracia y la convivencia de los venezolanos“, dice el comunicado.
Califican a las sentencias 155 y 156 como “ejecutorias que desconocen e inhabilitan el órgano público que representa la soberanía popular”, y por tanto son moralmente inaceptables y, por tanto, reprobables. “Las dos sentencias, producto de unas medidas que sobrepasan el ejercicio equitativo del poder, han provocado reacciones de numerosos países y pueden generar en Venezuela una escalada de violencia”.
El comunicado también señala que en Venezuela existe una “distorsión” en el ejercicio del poder, y que pareciera que todo gira en torno a lo político, pero entendido como conquista del poder y olvidado las necesidades reales de la gente. “La incapacidad para dar solución a la escasez y carestía de los alimentos y medicinas, la creciente violencia, la incitación al odio y el desconocimiento de las normas elementales para una convivencia en paz, son, entre otras, las causas que nos tienen sumidos en un marasmo que entorpece el entendimiento y el progreso”.
Dice que el hecho de eliminar la Asamblea Nacional y suplantarla con una representación de los poderes judicial y ejecutivo “es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el pueblo y de que a él le toca, en todo caso, dar su veredicto”.
“Está muerto y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura siendo, como siempre, los más débiles y pobres de la sociedad los más perjudicados. Por estas razones, repetimos, esta distorsión es moralmente inaceptable”.
También dijeron que desconocer la existencia del otro es “destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural“, y que consiste en una provocación a la desesperanza ante el atropello de derechos fundamentales del que todo Gobierno debe ser el primer garante.
Dijeron que es necesario “generar gestos valientes e iniciativas innovadoras que motiven a esperar contra toda esperanza (Cf. Rom. 4,18), para construir una convivencia libre, justa y fraterna; es tarea que nos compete a todos, cada cual según su posición”.
Señalaron que, dada la cercanía con Semana Santa -que para los católicos es la conmemoración de los atropellos contra Jesucristo – “es un urgente llamado a tomar conciencia y a actuar de manera pacífica pero contundente ante la arremetida del poder”, y que ya no se puede permanecer “pasivos, acobardados ni desesperanzados”.
Dice que los católicos deben vivir los actos religiosos de Semana Santa con un contenido social que ayude a mantener la esperanza, la alegría y la solidaridad en medio de las diferencias.
“Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas“.