“Hoy acudimos a la Fiscalía para presentar un escrito pidiendo que se inicien de inmediato las investigaciones a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, expresó la presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Yvett Lugo, desde la sede del Minsterio Público (MP) en Parque Carabobo. Este lunes, 3 de abril, los juristas asistieron al sitio para exigir a la fiscal Luisa Ortega Díaz que continúe con el proceso que sigue a su denuncia.
“Considero un deber histórico ineludible, no solo en mi condición de Fiscal General de la República, sino como ciudadana de este país, referirme a las recientes decisiones signadas con los números 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia”, aseguró la Fiscal General en una rueda de prensa celebrada el pasado viernes, 31 de abril.
Para los juristas que participaron en la convocatoria de este lunes, lo que debería hacer la Fiscal como titular de la acción es iniciar el proceso de investigaciones de manera inmediata.
Lugo señaló que los magistrados incurrieron en tres delitos al emitir las sentencias N° 155 y N° 156: Usurpación de funciones a la Asamblea Nacional; asociación para delinquir y conspiración.
“Esas decisiones usurparon las funciones de la Asamblea Nacional, atribuyéndoselas a la Sala Constitucional del TSJ“, denunció Lugo. Añadió que el delito persiste pese a que el Poder Judicial haya enmendado los fallos del pasado martes 28 y miércoles 29 de marzo. “Estos magistrados desconocen el Derecho al enmendar estas decisiones”, dijo Lugo.
A pesar de las enmiendas, el máximo tribunal no modificó aspectos clave de los fallos, como el poder conferido al Ejecutivo para crear empresas mixtas o la habilitación al presidente Maduro para legislar.
En el documento entregado a la Fiscalía, los juristas también critican que la Sala Constitucional dictamine que los parlamentarios han incurrido en “traición a la patria” y advierten que esta Sala no es un órgano de investigación ni de decisión penal, “lo cual es una típica usurpación de funciones”.
“En consecuencia, instamos a los venezolanos, con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución, a la activación de los mecanismos previstos en la Carta Magna para su propia defensa, de desobediencia civil y pacífica de cualquier acto que menoscabe los valores democráticos vigentes en Venezuela”, señala el documento.