La persecución y el encarcelamiento de defensores de derechos humanos en Venezuela persisten, a pesar de las numerosas recomendaciones emitidas por diversos organismos nacionales e internacionales. Las fuerzas de seguridad del Estado recurren cada vez más a las detenciones para silenciar a quienes denuncian las políticas sistemáticas de violación de los derechos humanos.
La detencón más reciente fue la de Martha Lía Grajales, activista colombo-venezolana de derechos humanos y codirectora de la ONG Surgentes, arrestada de manera arbitrariamente el 8 de agosto de 2025 por agentes de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, tras participar en una manifestación pacífica frente a la sede de la ONU en apoyo a familiares de presos políticos.
Fue puesta en libertad condicional la noche del 12 de agosto, tras haber sido imputada por incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir, cargos que activistas consideran un «montaje judicial».
Luego de permanecer incomunicada y ser trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), su excarcelación fue celebrada por activistas de derechos humanos, que, sin embargo, abogaron por la liberación de los presos políticos y de los nueve defensores de derechos humanos que aún siguen en prisión.