Mientras el  COVID-19 avanza, muchos de los cerca de 5 millones de venezolanos que están el exterior se vuelven más vulnerables ante la dificultad que tienen para acceder a los servicios de salud. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), demandaron a la comunidad internacional una actitud solidaria por parte de todos los Estados.

También solicitan a las autoridades que dirigen el país un manejo responsable de la pandemia para evitar que el impacto sea mayor. “Las autoridades de Venezuela tienen la obligación de adoptar medidas serias y exhaustivas de atención y de contención del COVID-19; a la vez que los países de acogida deben redoblar esfuerzos para garantizar el derecho a la salud de las personas y mitigar los efectos de un potencial contagio masivo”, refieren en su comunicado de prensa.

Pandemia y crisis hospitalaria

La CIDH recuerda que en Venezuela la infraestructura hospitalaria no está a la altura de reto que representa la pandemia. “Gran parte de los centros de salud de Venezuela no cuentan de forma continua con agua potable, electricidad, insumos de higiene y profilaxis, equipos quirúrgicos, laboratorios para controles de transfusiones sanguíneas, material para esterilizar los instrumentos, vacunas para inmunizaciones básicas, ascensores operativos, ni medios de contraste para realizar diagnósticos”, se detalla en el comunicado de prensa.

También expresa preocupación por el acoso y hostigamiento en contra de los profesionales de la salud, así como de quienes protestan por la falta de insumos. “La Comisión y su REDESCA han recibido información sobre la crítica situación del Hospital José Manuel de los Ríos, el mayor centro pediátrico del país, y del Hospital Maternidad Concepción Palacios, uno de los principales centros de atención obstétrica a nivel nacional. Ambos hospitales han sido beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, que hasta la fecha no han sido cumplidas por parte del Estado”.

Alimentación sin discriminación

La Comisión exhorta a que en medio de esta situación que afecta a todos los países del mundo, en Venezuela cese el sectarismo político y se deje de utilizar los alimentos como un arma de discriminación, ya que además de los problemas de salarios bajos, hiperinflación y fallas generalizadas de los servicios públicos, los ciudadanos se verán obligados a no cumplir ningún tipo de aislamiento domiciliario, pues las necesidades de sus hogares así los obliga.

Acceso a la información

Asimismo, preocupa el vacío noticioso ante la pandemia y las presiones existentes que impiden la difusión necesaria de lo relacionado al COVID-19. “Es indispensable que se produzca información transparente, sin que haya restricciones indebidas en el acceso a la información relacionada con la pandemia y las acciones de contención.

También, por intermedio de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), se recuerda la detención, sin orden de captura, del periodista Darvinson Rojas en un operativo Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), después de publicar información del coronavirus.

Protección a los migrantes

La Comisión y su REDESCA observan con preocupación que, en varios países de acogida de migrantes, se estén adoptando medidas tendientes al cierre parcial o total de fronteras con Venezuela. En este contexto, reiteran que es necesario que se garantice el acceso a la salud a las personas venezolanas con enfermedades crónicas y se haga una evaluación del impacto de las medidas que restringen la circulación fronteriza.

Igualmente, consideran urgente que los Estados incorporen en sus programas planes de prevención y asistencia a las necesidades de emergencia de los cerca de 5 millones de personas venezolanas fuera de su territorio, entre otros millones de refugiados y desplazados en la región, que serán especialmente afectadas por la crisis epidemiológica.