Abogados y familiares del expolicía metropolitano Erasmo Bolívar, detenido en la cárcel militar de Ramo Verde, hicieron este fin de semana un llamado a los organismos judiciales del país para la atención a este preso político, pues ha mostrado síntomas de salud relacionados con el COVID-19.
Según María Bolívar, tía del exfuncionario, su sobrino está presentando dolor de cabeza, fiebre, diarrea, tos y dificultades respiratorias, que podrían ser signos de coronavirus.
Por su parte, la abogada Theresly Malavé, defensora de Bolívar y otros exPM involucrados en los hechos del 11 de abril de 2002, indicó vía Twitter que su cliente está “muy, muy mal”, pues presenta esos síntomas y el director del penal “se niega a darle atención médica y a trasladarlo”.
Reitero, sus familiares exigimos MEDIDAS HUMANITARIAS para él y todos los presos políticos.
A los medios de comunicación les pido de corazón se hagan eco de este mensaje y nos ayuden a difundir, a las personas que conocen a Erasmo y quiénes conocen su injusta causa también. 3/4
— Erasmo Bolívar (@ErasmoBolivar_) August 9, 2020
Varias organizaciones humanitarias, entre ellas el Observatorio de DD. HH. de la Asamblea Nacional, manifestaron que tanto la Fiscalía General de la República como los tribunales están en el deber de otorgar una medida a favor de este exfuncionario, pues su vida estaría en juego, así como la del resto de los reclusos del Centro Nacional de Procesados Militares (Cepromil) de Ramo Verde.
“La vida y la integridad de los presos políticos en Venezuela corre riesgo. Exigimos que sean atendidos debidamente y se les otorgue medidas humanitarias. Basta ya de jugar con la vida de los privados de libertad, los DD. HH. deben ser respetados”, escribieron desde la AN.
Denuncian también que a Bolívar ni siquiera le han permitido nebulizarlo tras complicaciones por los síntomas que presenta.
Primeros presos políticos
Erasmo Bolívar y otros tres expolicías metropolitanos permanecen recluidos en Ramo Verde desde hace más de 17 años. Son considerados los primeros presos políticos del régimen chavista.
Ellos y otros cinco exfuncionarios de la antigua Policía Metropolitana (PM) fueron responsabilizados de las muertes de 19 personas en los hechos del 11 de abril de 2002 en los alrededores de Puente Llaguno, donde se desencadenó un tiroteo previo a lo que el chavismo considera fue un golpe de estado.
Cuatro de ellos se encuentran detenidos bajo régimen de arresto domiciliario y a uno solo le dictaron libertad plena.