El país con la mayor cantidad de reservas petroleras del mundo tiene una de las peores economías en la comunidad internacional, aunque parezca insólito. Pero si se revisan los indicadores de su aparato productivo, la poca data oficial que informa el Ejecutivo venezolano precisa que el desempeño de los últimos cinco años ha sido desalentador, un panorama que debe afrontar el Plan País presentado para recuperar a Venezuela.
Para el cierre del año 2018, la inflación cerró en 1.698.844,2 %, mientras que al término del primer mes de 2019 el índice del aumento de precios en el país se contabilizó en 191,6 %, de acuerdo con cifras suministradas por la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN).
A esto se le suma una contracción acumulada de 48,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2013 y 2018, según el Fondo Monetario Internacional (FMI); una deuda externa que equivale a más de 5 años de exportaciones, data que proyecta la consultora privada Ecoanalítica; los informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) que cuantifican en 54 % la producción petrolera desde 1998 y el empobrecimiento acelerado de la población venezolana.
Esta es parte de la panorámica económica de Venezuela que se conjuga con la crisis política, caracterizada por la transición del Poder Ejecutivo, iniciativa que encabeza Juan Guaidó desde el 23 de enero de 2019. La debacle económica es uno de los principales retos que el gobierno interino deberá solucionar, además de asentar las bases para la administración que se instaure luego de un proceso electoral presidencial.

En menos de un mes como presidente encargado de Venezuela, Guaidó presentó un programa de recuperación que busca fijar los cimientos para apaciguar la crisis. El plan es un trabajo en conjunto de economistas y políticos venezolanos de alto nivel, cuyo objetivo principal es “liberar la economía” durante el proceso de transición política.
El analista financiero y director de la consultora privada Econométrica, Henkel García, puntualiza que el Plan País se fundamenta en tres ejes: la restitución de los derechos y libertades económicas; el apoyo y reactivación de la industria petrolera; y la ayuda financiera internacional combinada con un programa social de subsidios directos, que a su juicio, deben ser temporales.
También sugiere que este plan debe revisar el desempeño de los servicios públicos “de manera seria”, debido al rezago en la actualización del parque eléctrico venezolano, por mencionar uno de ellos, que evidencia su mal funcionamiento. Asimismo, recomienda que el programa de recuperación económica debe trabajar en paralelo con el control de la corrupción en la administración pública y la reestructuración de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Por su parte, el director de la firma Opuntia Economists y miembro del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice), Óscar Torrealba, considera que el Plan será efectivo una vez que asuman el control político del país y se implementen una “batería de políticas” que versen sobre la eficiencia institucional del Estado venezolano.
Menos controles contempla el Plan País

Al revisar el Plan País, se encuentran enunciados que sugieren que las políticas económicas se orientarán a liberar los controles impuestos por el régimen del chavismo. Las sugerencias de su contenido mencionan políticas que sostienen el desmontaje del control de cambio y de precios. También contempla un paquete de leyes que protejan a la propiedad privada, así como la creación de otros esquemas legislativos. Por lo cual, durante la etapa de ejecución del Plan, se espera un trabajo en conjunto con la Asamblea Nacional.
Ambos especialistas coinciden en que la derogación de las leyes de Precios Justos y de Ilícitos Cambiarios, así como una reforma a la Ley de Hidrocarburos y la del Trabajo, contribuiría con la rápida recuperación de aparato productivo. Agregan que la optimización del desempeño económico venezolano comienza con la privatización de la mayoría de las empresas que administra el Estado, que en el pasado expropiaron Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
De igual manera, la reestructuración de la deuda pública figura como uno de los principales problemas a los que debe enfrentarse el Gobierno de transición.
Los acuerdos y políticas que se pacten para saldar la deuda pública durante el proceso de transformación política tendrán que servir de puente para el Gobierno que se instaure formalmente una vez terminada la transición. García y Torrealba coinciden en que lo más eficiente sería negociar una extensión de los plazos de pago sin interés.
“Esto no hay nada claro, hay que decirlo. Ni se quiera se sabe si va a ser por haircut o por extensión de plazos. Pero hay una idea clara: que tienes que abordar el tema de la reestructuración de la deuda y abordarlo de la mejor manera”, asevera García, quien participó en una de las discusiones del Plan País como consultor externo, previo a la presentación en la opinión pública.
Inversión inducida vs. controlada

Con respecto a la inversión privada, lo especialistas consultados difieren en cómo destinar el capital. Pese a que los dos dan por sentado que ingresará dinero de parte de organismos como el FMI y otras entidades, el dinero del sector privado sigue siendo una diatriba al momento de pensar en cómo fomentar esa inyección de capital en el mercado venezolano.
Para el director de Econométrica, lo más sensato sería orientar la inversión privada a otros sectores productivos como el turismo, mientras que el director de Opuntia Economists considera que lo más importante es permitir que sean los propios inversionistas quienes escojan cómo y cuáles sectores productivos son los adecuados para colocar su capital.
Torrealba advierte -además- que el Plan País tiene un riesgo: el incremento de las contribuciones fiscales y el aumento del gasto público. A su juicio, esto constituye un arma de doble filo que deberá atender el Gobierno de transición, si desea ser eficiente con el control de la espiral inflacionaria de Venezuela.
“Si quiero detener la inflación no puedo volverme loco con el gasto público, porque me puede generar problemas. Mucho de este aumento del gasto público está orientado al tipo de cambio, a la ayuda humanitaria, que hay que rescatarlo, pero hay un conjunto de subsidios (en el Plan País) con los que no estoy de acuerdo (…) Si tú tienes un aumento del gasto público tan exacerbado y te manejas con la tesis que lo único que maneja la hiperinflación es la monetización del déficit, te estás confiando y te cubres con el dinero de la ayuda humanitaria. Así generas más deuda, con ese gasto público puedes generar inflación”, puntualiza Torrealba.
La economía venezolana mejorará una vez se implemente el cambio del modelo económico, que promete cumplir el presidente encargado Guaidó. El Plan País se perfila como un “manual de buenas intenciones” diseñado para asumir la transición del paradigma político y la reactivación del aparato productivo.
Según los enunciados, muchos de los elementos servirán de base para el Gobierno que se instaure posteriormente. No obstante, la apuesta más fuerte de este proyecto es evidenciar resultados positivos en el corto plazo en el abastecimiento y el poder adquisitivo de los venezolanos.
El Plan País es un proyecto expansivo que persigue mejorar la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos. Para lograrlo, los encargados de ejecutarlo deberán ser fieles a sus ideas y evitar incurrir en los mismos errores de la administración pasada: la corrupción y el mal manejo del erario público.

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