Por segunda vez en una semana, Jorge Rodríguez asegura que las firmas recogidas por la oposición son fraudulentas. Desde la Capilla Santa Rosa, rodeado por imágenes sacras, el alcalde del municipio Libertador insistió que las rúbricas consignadas por la Mesa de la Unidad ante el Consejo Nacional Electoral incurren en, al menos, 12 delitos. El martes pasado, en una alocución presidencial dijo que tenían indicios de que hubo “un fraude electoral”.
Este jueves 12 de mayo, denunció firmas que correspondían a una persona fallecida o que tenían caligrafía similar, huellas dactilares repetidas, planillas sin nombre o número de cédula pero con huellas, planillas sin firma y sin huella pero con nombre. Habló de impresiones dactilares, huellas iguales en estados distintos, fotocopias de unas huellas pegadas y de una huella manchada con pegamento o un “agente extraño”, de las llamadas “huellas de estafador”, donde no se recogen suficientes datos como para verificarla, y de firmantes que no estaban inscritos en el CNE. “El 11 % de los sobres tenía hasta 100 planillas con una sola firma”, aseguró.
“Con estos documentos hay responsabilidad administrativa y penal por forjar documentos y las vamos accionar”, puntualizó.
Rodríguez afirmó que siguen contando las planillas, pero que el CNE está “en vísperas” de la segunda etapa, que consiste en digitalizar todas las firmas para una posterior validación.
Subrayó que están en toda la potestad de validar las firmas, y, además, le solicitaron al CNE el instructivo para hacerlo. “Nosotros tenemos el derecho de revisar firma por firma y más ahora, que Juan Carlos Caldera es el que las cuida y que Capriles es el que lo solicita”.
En su opinión, la MUD entregó más de las 197.721 firmas como una “operación de marketing” y luego “calentar la calle”.
“Ellos no están pendientes de un revocatorio, si no de un golpe de Estado”, aseguró. “No es posible que sigan violando la ley. Ellos no están activando un mecanismo constitucional, lo que están activando es un juicio”.
Reiteró que los tiempos no dan para realizar un referendo revocatorio este año y que “el mismo Henry Ramos Allup lo reconoció”, pero que deben insistir en contar las irregularidades porque “hay que denunciar los delitos”.
Rodríguez apuntó que el CNE trabaja basado en la resolución Nº06092770, del 6 septiembre de 2007, por lo que las afirmaciones de los dirigentes opositores sobre el CNE está inventando normas “es un insulto” hacia los rectores. “¿Quién puede trabajar así? Deben tomar acciones contra las amenazas”, dijo sobre los comentarios de Henrique Capriles Radonski y Chúo Torrealba al referirse a las rectoras como “las señoras”.
En compañía de la ministra de Comunicación y la Información, Jaqueline Faría, el diputado Victor Clarck, el ministro de Cultura Freddy Ñañez y Zulay Aguirre, reiteró que hay una “estrecha vinculación entre la derecha y los sucesos de violencia”.