Una mayoría simple fue suficiente para que la Asamblea Nacional rojita agregara 12 magistrados más a los 20 que conformaban las seis salas del Tribunal Supremo de Justicia en 2004. Lo hizo tras aprobar una nueva Ley Orgánica del TSJ, a pesar de que la Constitución establece que se requieren las 2/3 partes para hacerlo.

El entonces presidente del órgano, Iván Guillermo Rincón, alegó que la medida buscaba aliviar las tareas administrativas; sin embargo, quienes la criticaron aseguraron que, luego del intento de golpe de Estado de 2002, el chavismo procuró inclinar la balanza a su favor dentro del Poder Judicial.

El Psuv vuelve a ser señalado de querer influir en el TSJ a raíz de las designaciones que la Asamblea Nacional saliente espera consolidar en las sesiones extraordinarias de este 22 y 23 de diciembre. Diputados oficialistas como Elvis Amoroso y Pedro Carreño, incluso el propio presidente de la AN, Diosdado Cabello, han afirmado que los nuevos cargos “van porque van”.

Ante este escenario, la Mesa de la Unidad ha señalado dos posibles acciones a tomar, una vez se instale en el hemiciclo: impugnar el proceso o anular estos nombramientos “por ser inconstitucionales”, lo cual ya hizo un grupo de exmagistrados y juristas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, el viernes pasado.

Con una mayoría calificada, la oposición está en poder de destituir, pero también de aumentar el número de funcionarios. La pregunta es si resulta factible sumar más juristas para “equilibrar el sistema” o renombrarlos como lo ha prometido.

No se puede jugar con el número de magistrados para un pretendido control aunque se diga que es por la democracia. Hay gente que está proponiendo eso para disminuir o amortiguar la presencia del Gobierno en el TSJ, pero el sistema está sobrecargado y el gasto público para su mantenimiento es excesivo”, señaló la exmagistrada Blanca Rosa Mármol de León, una de las juristas que el 18 de diciembre impugnó las 382 candidaturas al TSJ.

La experta aseguró que la incorporación de los 12 juristas redujo significativamente la autonomía judicial y opinó que lo ideal es que se estudien las designaciones que se vayan a hacer para determinar si están apegadas a la ley.

“El entonces presidente Chávez se molestó porque la decisión que se tomó en la Sala Plena en relación con si había habido o no un golpe de Estado no satisfizo sus expectativas, por eso decidió incrementar los magistrados. Después de eso, las sentencias eran unánimes a favor de una parcialidad, no había solicitud de antejuicio que se llevara porque eran declaradas inadmisibles en el acto”, aseguró.

En 1999, el presidente Hugo Chávez prometió una “limpieza judicial” de la corrupción y, como el poder estaba en emergencia, suspendió la estabilidad de los jueces y sancionó a aquellos sobre los que pesaban siete o más quejas o cualquier tipo de investigación, reseña un informe  sobre el sistema judicial venezolano publicado por la organización Human Rights Watch en 2004.

Otra de las acciones que tomó el Gobierno fue la implementación de un programa de concursos públicos para la selección de los jueces que inició en noviembre de 2000. Pero todos estos avances se revirtieron. El concurso fue suspendido tres años más tarde. Esta situación aceleró la escogencia de los cargos a discreción cuando se aprobó la Ley Orgánica del TSJ.

El constitucionalista Carlos Andrés Requena señaló que aun cuando se elevó a 32 el número de magistrados, el retardo procesal no fue superado. “La justicia sigue siendo tardía. Se difieren las audiencias a cada rato, un ejemplo de eso es el caso del alcalde Antonio Ledezma. La infraestructura está deteriorada, uno viene a los tribunales y se encuentra con que no hay papel ni siquiera para imprimirle las boletas de excarcelación a la gente”, declaró vía telefónica a Efecto Cocuyo.

El abogado considera que es preciso hacer un diagnóstico para determinar los pasos que se deben tomar al interior del sistema judicial.

¿Quiénes apoyaron la reforma del TSJ?

La ley fue promovida desde la Asamblea Nacional que era presidida por Francisco Ameliach, actual gobernador de Carabobo y vicepresidente de Organización y Fuerza Electoral del Partido Socialista Unido de Venezuela, y que en ese momento militaba en las filas del Movimiento V República.

El vicepresidente era el diputado Ricardo Gutiérrez, quien representaba al partido Por la Democracia Social (Podemos) y se inclinaba a favor del Gobierno. Aunque más adelante pidió perdón por haber apoyado a Chávez.

La segunda vicepresidenta era la diputada Nohelí Pocaterra, vocera del partido Consejo Nacional Indio de Venezuela (Conive) que apoyó a Chávez desde su ascenso en 1998.

El secretario era Eustoquio Contreras por el Movimiento Electoral del pueblo. Actualmente integra el Partido Socialista Unido de Venezuela.

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